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El abrazo de Vázquez y Bordaberry, o la nueva nación uruguaya

En un acto político del precandidato presidencial por el Frente Amplio Tabaré Vázquez en la ciudad de Castillos, departamento de Rocha, se hizo presente el precandidato por el Partido Colorado Pedro Bordaberry. Éste subió al estrado, se saludaron y abrazaron, informa la prensa. Vázquez acompañó el saludo diciendo que “esto fortalece fuertemente [sic] la calidad democrática de nuestro país, nuestro espíritu republicano…”. Por su parte, poco después, Bordaberry expresó a través de su cuenta de Twitter: “El Uruguay es un país de tolerancia y respeto; ese es el país que quiero y que tenemos que cuidar y construir cada día”.

Vazquez Bordaberry

Como ya es la norma en estos tiempos, de inmediato surgieron reacciones en las redes sociales. Partidarios de un y otro precandidato se hicieron eco de sus conceptos, apoyando la idea del ejemplo de civismo republicano y democracia que estaría manifestando esa acción. Por otro lado, y en contraposición, también aparecieron expresiones desde la izquierda criticando la acción de Vázquez: que es igual a Bordaberry, que ambos son de derecha, que fue un gesto innecesario o mal resuelto por el precandidato de la coalición izquierdista. ¿Adversarios? ¿Enemigos? Tratemos de pensar un poco sobre los significados de este gesto y de las reacciones que generó.

Durante setenta años, blancos y colorados se destriparon sobre esta ondulada penillanura, luchando por quién habría de ocupar el gobierno. En el largo plazo, triunfaron los colorados, se convirtieron en el partido del Estado y los blancos debieron renunciar a la lucha armada. Los tiempos estaban cambiando, y disciplinamiento civilizador mediante, también lo hacía la forma de lucha política. Pero había algo más, quizás la principal novedad y signo de un cambio profundo en la naturaleza de esa lucha: había triunfado el proyecto de construcción de una nación, allí donde antes había, en el mejor de los casos, sólo un Estado.

Así, se produjo una reinterpretación de la historia uruguaya, y los partidos en guerra, enemigos a muerte, cada uno autoproclamado representante genuino de la nación frente al otro excluido de tal consideración, se convirtieron en partidos adversarios y hermanos, copartícipes en la fundación de la nación uruguaya, y coprotagonistas legítimos de una vida política que de ahí en más se encauzaría por vías democráticas -más aún después de las elecciones de 1916 para la Convención Constituyente que redactaría la Carta Magna de 1918, que voto limpio y secreto mediante reveló una división del cuerpo electoral en prácticamente dos mitades, blanca y colorada. La historia de la nación uruguaya se construyó así como la historia de las luchas y el entendimiento final de los partidos tradicionales, y se instituyó la idea de que sólo a través de dichos partidos podía expresarse la nación.[1]

La historiografía y la escuela se encargaron de construir, fundamentar y difundir el nuevo relato legitimador, siendo quizás el ejemplo paradigmático la obra de Juan Pivel Devoto Historia de los Partidos Políticos. La democracia se afianzó durante la década de 1920, por carriles más bien conservadores, gracias a un sistema electoral perfeccionado y libre de fraude.

Pero el Uruguay ya había ingresado al siglo XX y se había integrado por completo a una economía global capitalista, experimentando sus vaivenes y contradicciones, que replantearían en breve los términos de las disputas políticas e ideológicas domésticas. Si durante la primera mitad del siglo el enfrentamiento de fondo era básicamente reformismo versus conservadurismo a través de dos partidos policlasistas, en la segunda mitad se acentúan las tensiones de clase con el surgimiento y la consolidación polifacética de corrientes de izquierda que tienden hacia la unidad orgánica o de acción: la unificación sindical en la CNT, el movimiento estudiantil, la guerrilla y finalmente la creación de una coalición electoral de izquierda como el Frente Amplio.

En el marco de la Guerra Fría y de la Doctrina de la Seguridad Nacional, esta heterogénea corriente izquierdista sólo podía ser interpretada desde el discurso dominante de los partidos tradicionales (y, luego, de las Fuerzas Armadas) como manifestaciones ajenas a la nación y sus tradiciones, como agentes de intereses extranjeros y, como tales, enemigos de la nación. La izquierda (y el Frente Amplio en particular) aún no era vista como parte integrante de la nación uruguaya.[2] Fue este discurso el que justificó en buena medida la dimensión y las características de las persecuciones que sufrió la izquierda durante la última dictadura, en especial si las comparamos con la persecución (salvo escasas excepciones) que sufrieron los disidentes de los partidos tradicionales.[3]

Desde esta perspectiva, que el líder mayoritario del Partido Colorado (e hijo de un dictador ferozmente antiizquierdista, con toda la carga simbólica que ello posee) se suba (y le permitan subir) al estrado de un acto de campaña electoral del líder mayoritario del Frente Amplio y se fundan ambos en un abrazo con invocaciones a la república y la democracia, resulta algo impensable, ilógico, una atrocidad ideológica. Sucede, simplemente, que esa perspectiva ya ha quedado obsoleta y es cada vez más una reliquia del pasado. El abrazo de Vázquez y Bordaberry es el último clavo en el ataúd de la Guerra Fría en el Uruguay. Es un signo, por supuesto, de que los tiempos, una vez más han cambiado. Pero, ¿cuándo y cómo comenzó ese cambio?

El precedente más importante es sin dudas el Pacto del Club Naval, y el proceso que condujo a él. Aunque más no fuera en un principio por motivos circunstanciales[4], al menos parte de la izquierda debió ser considerada como un actor legítimo en el escenario político uruguayo. La actitud del Frente Amplio durante la crisis económica de 2002, asegurándole estabilidad política al gobierno colorado de Jorge Batlle (mientras el país se miraba con pánico y condescendencia en un espejo argentino que estallaba en mil pedazos) es otro precedente más inmediato. Sin embargo, es mi hipótesis de que el cambio definitivo se selló con su triunfo en 2004 y su continuidad en el gobierno por una década. Esto implicó, al igual que un siglo atrás, el reconocimiento de que el viejo partido excluido del poder estatal representaba a la mitad del cuerpo electoral uruguayo. Bajo tales circunstancias, ya no resulta creíble, convincente ni conveniente seguir sosteniendo un discurso que la excluya de la nación a las fuerzas izquierdistas, sobre todo cuando el propio Frente Amplio (con la inclusión de los antiguos guerrilleros) se ha desvivido por dejar en claro que es un partido político que acepta todas las reglas del juego liberal-republicano.

¿Cómo debemos valorar esto? No seré yo, por supuesto, quien responda una pregunta que es competencia única de la conciencia de cada cual, pero sí puedo aportar algunas líneas con las cuales pensarla.

En primer lugar, señalemos que toda construcción nacionalista delimita un “nosotros”, más allá del cual están “los otros”, fuera y dentro de las fronteras del país, en algunos casos, como antagonistas o enemigos. Históricamente, el “otro exterior” para la nación uruguaya ha sido Argentina, mientras que el “otro interior” ha sido la izquierda. Ahora bien, ¿quiénes serían los otros que quedan más allá de las fronteras de esta nueva nación modelo siglo XXI que, ahora sí, definitivamente, incluye a la izquierda frenteamplista?

Una de las mejores formas de dilucidarlo es prestando atención a quiénes dicha izquierda ha enfrentado desde el gobierno, con típico celo de nuevo converso. Así, nos encontramos con dos antagonistas privilegiados: el movimiento ecologista y la llamada izquierda radical. En el primer caso basta recordar el paroxismo nacionalista que desató en el país el enfrentamiento con Argentina a raíz de la instalación de dos fábricas de celulosa sobre el río Uruguay (de las cuales terminó instalándose allí sólo una), las trompetas de guerra llamando a la unidad bajo la bandera de las pasteras como “causa nacional”, y la consideración de “traidores a la patria” que sufrimos en carne propia quienes desde aquí nos oponíamos a dichas fábricas y al modelo forestal que las sustenta.[5] En el segundo caso, señalemos como episodios significativos los procesamientos por sedición, en 2005 y 2007, de manifestantes contra la presencia del entonces presidente de Estados Unidos George Bush, en la cumbre de Mar del Plata y en Uruguay respectivamente, junto con el procesamiento por asonada en 2013 de otros siete manifestantes, en esta ocasión contra la Suprema Corte de Justicia en reclamo por el traslado de la jueza Mariana Mota.[6] A estos episodios bien podríamos agregar las denuncias de vigilancia y tortura contra activistas anarquistas, también en 2013, a raíz de la marcha del Filtro.[7]

En segundo lugar, las críticas que por izquierda ha recibido el abrazo merecen ser atendidas y consideradas. Si uno decide poner el énfasis en el civismo liberal, en el hecho de que también la izquierda haya abandonado las cuchillas y haya sido aceptada por los partidos tradicionales como actor legítimo en el escenario democrático, está claro que la valoración será positiva, y se procederá a denunciar a los izquierdistas críticos como violentistas o añorantes de procesos políticos radicalizados, como el argentino, el boliviano o el venezolano, donde prima la confrontación, la violencia e incluso el patoterismo sobre el diálogo y la búsqueda de entendimientos pacíficos.

Pero, justamente, realizar la comparación con los procesos progresistas latinoamericanos que exhiben un mayor grado de violencia y confrontación, puede revelar que, en aras de su aceptación en el juego liberal y del necesario civismo que debe hacer propio para ello, el Frente Amplio ha arriado las banderas tradicionales y revolucionarias de la izquierda, aquellas que apuntaban a lograr grados cada vez más profundos de colectivismo económico y justicia social. En una palabra, que la izquierda oficialista ha renunciado a cualquier política que recuerde a la lucha de clases, abrazando, en el mejor de los casos, una conciliación reformista de cuño típicamente batllista.[8]

El problema es que las clases siguen existiendo y siguen en lucha. Que Argentina o Venezuela atraviesen la violencia y la polarización que están viviendo se debe sin dudas a muchas causas, pero una de ellas y no la menor es que sus últimos gobiernos han llevado adelante políticas fuertemente redistributivas del ingreso, a costa de intereses y sectores sociales y económicos muy poderosos (particularmente los vinculados a las exportaciones de materias primas), los que hasta no hace tanto desde la propia izquierda latinoamericana se calificaba de oligarquías nacionales.

El problema es que por más que los políticos se consideren “adversarios y no enemigos”, las clases que representan (o que por ellos se sienten representadas) sí son, en los hechos, enemigas. El proverbial y orgulloso civismo uruguayo, ¿se basará en un estado superior de nuestra cultura política? ¿O se basará más bien en la renuncia de la izquierda oficialista a meterse de verdad con los intereses de las clases dominantes?

Obras citadas

Demasi, Carlos (2004). La lucha por el pasado, Montevideo: Trilce.

Demasi, Carlos (2013). “La evolución del campo político en la dictadura”, en Demasi, C.  et al, La dictadura Cívico-Militar. Uruguay 1973-1985, Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

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[1] “Desde la perspectiva de la historia nacional, el siglo XX uruguayo ha estado dominado por los partidos políticos conocidos como ‘tradicionales’. Estos han tenido la capacidad de generar políticas y de construir identidad, ocuparon el espacio público (en algunos períodos, casi en exclusividad) y llegaron a captar la adhesión de la inmensa mayoría de la población. El discurso identitario ha construido un pasado creíble para estas comunidades y los ha asimilado con principios abstractos y por consiguiente, eternos: el Partido Colorado se identificó con ‘la libertad’ mientras que los blancos se identificaban con ‘el orden’. Así definidos aparecen como manifestación de entidades intemporales, y apoyados en la casi unánime adhesión que generaban en la población se los ha considerado como dotados de la capacidad (compartida, pero exclusiva) de interpretar la nación.

Pero esta versión del relato es un producto del siglo XX. En el siglo XIX los partidos eran reconocidos como lo opuesto a la nación ya que introducían el desorden donde la sociedad quería ver implantada la estabilidad, y no vacilaban en aliarse con gobiernos extranjeros para enfrentar al ‘gobierno nacional’. En ese universo, las guerras civiles representaban las mayores crisis de la comunidad (el ‘Sitio Grande’ era el ejemplo más claro). No por casualidad el primer Presidente que se propuso ‘nacionalizar nuestros destinos’ fue también el que prohibió exhibir en público las viejas divisas [Bernardo P. Berro]. La discusión sobre el lugar de los partidos en la nación estuvo en el centro de las preocupaciones de la elite dirigente durante buena parte del siglo XIX y su rastro aparece claramente marcado en los testimonios de los contemporáneos, por lo menos desde la aparición del Manifiesto de Andrés Lamas en 1885 hasta los debates de la Constituyente de 1917. En términos generales la discusión de la época giraba en torno a los mecanismos a aplicar para procesar la extinción de las divisas, aparentemente el único camino posible para alcanzar la ansiada estabilidad política; y cuando a fines del siglo XIX tal resultado parecía estar en vías de concreción, el episodio saravista expuso a la luz pública la capacidad de los partidos tradicionales para captar y movilizar a numerosos grupos de población. Desde entonces fue evidente que la solución del ‘problema nacional’ no pasaría por la eliminación de los partidos.

(…) La transformación fundante ocurrió cuando los partidos políticos se asumieron como realidades políticas permanentes y con importancia equivalente. Fue entonces que tomaron plenamente un papel protagónico, es decir cuando el ‘sistema político’ pasó a estar hegemonizado por los dos partidos. Para que tal cosa ocurriera fue necesario que estos dejaran de verse como representaciones globalizantes de la sociedad (el Partido Nacional abandonó su pretensión originaria de ‘partido de la nación’ y el Partido Colorado la de ser expresión única del país institucional) y pasaron a representarse como ‘partes’ que componían un colectivo que los trascendía: la ‘nación’. Allí aparecieron como ‘partidos’ en sentido estricto: como entidades permanentes con formas de funcionamiento organizado y ya no como manifestaciones agónicas de un ‘atavismo’ retrógrado.” (Demasi, 2004: 20-21)

[2] “Con el surgimiento del Frente Amplio, que obtuvo el apoyo de casi la quinta parte de los uruguayos, la situación electoral se modificó radicalmente; pero el rechazo a la izquierda, lejos de disminuir, se reforzó. Desde su creación el Frente Amplio había asumido la tarea de instalar un espacio discursivo distinto del de la izquierda tradicional: rechazaba la estructuración jerárquica de los partidos y ubicaba las diferencias en las orientaciones políticas y en las actitudes de sus dirigentes. No cuestionaba la legitimidad de los partidos tradicionales ni su eficacia en el pasado pero argumentaba que estos habían abandonado los reclamos de las mayorías y ahora respondían a las demandas de los grandes intereses económicos (aludidos como la ‘oligarquía’ o la ‘rosca’); en esa nueva distribución el Frente Amplio se presentaba a sí mismo como el auténtico intérprete de las demandas populares. Pero al insertarse en un orden jerárquico ya configurado, a la nueva coalición se le reservó un lugar subordinado y de menor legitimidad (con argumentos variados: porque incluía al partido Comunista y a sectores próximos a la guerrilla, o porque era un conglomerado circunstancial y sin tradición…). La gran prensa, vinculada a esos partidos políticos, recogía las opiniones de dirigentes frenteamplistas para instituirlos como ‘el otro’ que está en contra del sistema, aunque eso significara marginar la opinión de buena parte de la ciudadanía. Por consiguiente, desde antes de la instalación de la dictadura ya estaba instituida una estructura bipolar en la que todo lo que no era el ‘nosotros’ de los partidos tradicionales configuraba un agente externo cuyo comportamiento era manifiestamente hostil. Cuando las FF.AA. ingresen al campo político, encontrarán ya instalada la idea de la diferencia radical entre ‘la orientalidad’ y ‘el marxismo’ y que en el afuera de los partidos tradicionales sólo estaba el comunismo. Tampoco fueron originales en aplicar lo que resulta su corolario natural: que el marco de las garantías sólo incluía a los seguidores de los partidos tradicionales.

Ante la presencia de un nuevo agente que también manejaba variables del discurso batllista, blancos y colorados adoptaron la modalidad dialéctica de incluirlo en el antagonismo Democracia-Subversión, y así trasladaban al Frente Amplio todo el complejo simbólico elaborado para combatir a la guerrilla. Así los partidos mayoritarios instalaron la idea de que ‘tradicional’ era sinónimo de ‘democrático’ mientras que la coalición era equivalente (o era parte) del movimiento armado; en ese sentido funcionaban las denominaciones de ‘Frente Comunista’ o ‘Frente Tupamplio’ que circularon en la campaña electoral de 1971.” (Demasi, 2013: 24)

[3] “Cuando se habla de ‘partidos’ en la dictadura y se alude a su proscripción, no se debe olvidar que no estaban todos en la misma situación. Según fueran tradicionales o de izquierda, la ubicación en el campo político condicionaba los diferentes trayectos recorridos en el período. Si bien toda actividad política estaba suspendida, había una diferencia importante entre unos y otros: en el caso de los bandos tradicionales no se cuestionaba su existencia sino los ‘errores y desviaciones personales’ de sus dirigentes, pero este no era el caso de los partidos de izquierda. Ante la mirada de la represión estos no eran ‘auténticamente uruguayos’ sino que respondían a los dictados del ‘marxismo internacional’; por lo que su actividad, englobada en el concepto de subversión, quedaba comprendida dentro de lo previsto en la ‘Ley de seguridad del Estado’. Cualquier gesto de estos grupos era visto como la evidencia de la acción de una conjura marxista que solo se mantenía por el apoyo exterior, y por lo tanto debía ser reprimido inmediatamente.” (Demasi, 2013: 57)

[4] La negativa del Partido Nacional a negociar con Wilson Ferreira preso, lo cual forzó a los militares a una desproscripción parcial del Frente Amplio para que pudiera integrarse a las negociaciones y éstas no quedaran como un acuerdo entre los militares y los colorados.

[5] Véase el sintético y documentado repaso que realiza Leonardo Haberkorn sobre la relación entre el gobierno frenteamplista y el movimiento ecologista.

[6] Cabe destacar que Diego Jaume, uno de los procesados de 2013, es también, significativamente, un activista ambiental del incipiente movimiento ecologista uruguayo.

[7] Podríamos agregar aún otro antagonista nacional: los presos, quienes, de hecho y parafraseando a Carlos Demasi, han quedado fuera del marco de las garantías y los derechos humanos más elementales. Véase estas noticias: 1, 2, 3.

[8] Creo que el intenso debate interno que generó en el Frente Amplio la discusión sobre de la Ley de responsabilidad penal empresarial, sólo aprobada recientemente por una presión sindical pocas veces vista en la historia uruguaya, es el mejor ejemplo de esto.

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Categorías:Nacionalismo

Primero como tragedia, luego como farsa: Fernández Huidobro y la Doctrina de la Defensa Nacional

Todo ser vivo – y la Nación es un ser vivo – debe, si quiere subsistir, defenderse contra todo aquello que pueda dañarlo, en sí mismo, como desde afuera. Es ilusorio contar con una situación providencial tal que garantice que el cuerpo social no podrá nunca enfermarse… Frente a la agresión subversiva, que constituye una enfermedad de la nación uruguaya, debe concluirse que el primer papel de la defensa es, y será siempre, el de proteger las bases fundamentales de la sociedad… La amenaza más grave contra el cuerpo de la Nación es el peligro de intrusión de ideologías extrañas a la mentalidad popular que propician la destrucción total de lo existente como precio de un mañana utópico nunca bien definido.

La Subversión. Las FF.AA. al Pueblo Oriental, Junta de Comandantes en Jefe. Montevideo, 1977, p. 13.

El martes 13 de marzo se reunió el novel Consejo de Defensa Nacional (CODENA, según la sigla oficial) que “constituye un órgano asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa” y “está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, los Ministros de Defensa Nacional, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas”, como establece la Ley Marco de Defensa Nacional, Nº 18.650, del año 2009. Y allí, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro se despachó con unas cuantas declaraciones sobre el alcance de y lo que debe ser la Defensa Nacional.

En la página de Teledoce se puede ver un video con fragmentos de dichas declaraciones, emitido por el noticiero Telemundo. He aquí una transcripción:

…que no nos entren algunas plagas… que no nos dañen algunas intoxicaciones… que pueden ser culturales también, no sólo bacteriológicas, que, bueno, el hecho de que nuestros medios de prensa y de difusión quedan tapados por medios extranjeros, es preocupante, ¿no? Por ahí se va perdiendo hasta el dominio del idioma. En zonas fronterizas lo que hay que enseñar es el castellano, no el portugués.

A esta altura de nuestra historia, cuando tanta agua ha corrido bajo el puente de la dictadura, y tan (en apariencia) extraños reacomodamientos han tenido los zapallos políticos en el carro de los Derechos Humanos… ¿tenemos derecho a sorprendernos (una vez más) sobre una nueva manifestación de sintonía entre militares y tupamaros?

Tal vez sí. Porque estas declaraciones de Fernández Huidobro son expresión de un vínculo ideológico más profundo entre dichos grupos, un vínculo que revela hasta qué punto podemos pensarlos como “hermanos de sangre”, como hijos históricos de un mismo vientre político e ideológico: el del culto a la Nación y, por ende, al Estado.

Porque, ¿qué otra cosa sino un rancio nacionalismo organicista (estoy tan tentado a escribir la palabra que empieza con “f”…) destilan tanto la Junta de Comandantes en Jefe de 1977 como el actual Ministro de Defensa, con sus respectivas declaraciones? Las de aquéllos eran terribles y alarmantes. Las de éste también pero, además, son fundamentalmente patéticas. Trasnochadas. Reaccionariamente anacrónicas. En fin, arrolladas por la historia que les pasó por encima.

El paralelismo entre los dichos del ministro y los de la Junta de Comandantes es tan evidente que no creo necesario ahondar en su crítica. Pero permítaseme señalar un par de puntos.

¿No es acaso una elección muy poco feliz, y de muy mal gusto, llamar “CODENA” al nuevo organismo de Defensa? ¿Soy el único al que le suena demasiado parecido al infame “COSENA”? Tal vez es un primer paso, un tanteo, hacia una reciclada “Doctrina de la Defensa Nacional”.

Por demás, los ejemplos que pone Fernández Huidobro para ilustrar su concepción de lo que debe ser la Defensa Nacional están a la altura de su patetismo y su carácter reaccionario. ¿Por qué habría que preferir a priori a la prensa nacional frente a la extranjera? Con unas pocas y honrosas excepciones, no me parece de tanta calidad para que merezca tal consideración previa. Por el contrario, y por poner sólo un ejemplo, el (buen) periodismo argentino ha sido y es incomparablemente mejor (más jugado, incisivo y profesional) que el periodismo uruguayo.

Pero la frutilla de la torta, lo que más me preocupa porque de todas las posibles iniciativas es la más fácilmente practicable, sin dudas, es el tema del portugués. Porque de llevarse a cabo alguna política basada en la Doctrina de la Defensa Nacional que pregona Fernández Huidobro a través de su imperativo “en zonas fronterizas lo que hay que enseñar es el castellano, no el portugués”, violaría tanto la ley como los derechos humanos de los uruguayos cuya lengua materna es el portugués del Uruguay –violencia que históricamente han sufrido dichos uruguayos y que sólo se ha comenzado a considerar y a actuar sobre ella en tiempos muy recientes. Alguien tendría que decirle al ministro que volviera a leer la Ley General de Educación, Nº 18.437 (artículo 40):

La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la consideración de las diferentes lenguas maternas existentes en el país (español del Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de señas uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras.

A menudo se dice que la mentalidad de las Fuerzas Armadas debe cambiar, debe ponerse en sintonía con ideales democráticos, etc. Hasta el propio presidente José Mujica se refirió a ello de alguna forma, cuando habló acerca de la “mochila del pasado” (1). Pero, ¿cómo puede haber un cambio en la mentalidad de las Fuerzas Armadas, si vemos que, en lo esencial, las cabezas al mando siguen siendo las mismas?

Por supuesto, estamos siendo muy cándidos si planteamos el problema en estos términos. Yo empezaría preguntándome, ¿puede haber un cambio en la mentalidad de las Fuerzas Armadas? Si suponés que es una pregunta retórica, adivinaste.

Muchas veces me he preguntado, a lo largo de los últimos años, si no habría que inventar un nuevo subtipo del Síndrome de Estocolmo, llevado a una entera nueva dimensión política e histórica, para describir la actitud y la conducta de los tupamaros (o, al menos, de sus dirigentes más notorios). Es una posibilidad. Si quieren explorar otra, más bien pragmática, esta me parece harto interesante. Pero con las muestras de identidad ideológica de las que cada vez hacen más gala, cabe pensar que ya estaban cortados con el mismo molde desde un principio.

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(1) “Estas Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo”.

Categorías:DDHH, Fascismo, Nacionalismo

¿Para qué sirve el nacionalismo? [impuesto al agro]


Creímos que estábamos muriendo por la patria, pero pronto comprendimos que lo hacíamos por las bóvedas bancarias.

Anatole France

En entrevista a El Avisador de Tacuarembó, el senador Jorge Saravia realizó las siguientes declaraciones:

“El verso de la izquierda se está cayendo a pedazos, el impuesto a la tierra se lo van a aplicar a los productores nacionales porque las grandes multinacionales extranjeras tienen acuerdos por la ley de inversiones, tributan por productividad y están exonerados de casi todos los impuestos”.

El diario acota que “el impuesto a la tierra lo tendrán que pagar los uruguayos”. No sabemos si esta afirmación, textualmente, salió de boca de Saravia, pero a los efectos del punto que pretendo expresar aquí, es igualmente significativo.

Al decir que el impuesto “lo tendrán que pagar los uruguayos” estamos ante una clara, aunque implícita, apelación al nacionalismo, sobre todo cuando se pretende formular, como lo hace Saravia, una supuesta oposición entre “los productores nacionales” y “las grandes multinacionales”. En dicha oposición, se busca ganar la simpatía de la población hacia los poseedores uruguayos de tierras, por el único hecho de ser uruguayos.

Ahora bien, para el resto de la gente, que no posee tierras, ¿qué importancia puede tener la nacionalidad de los que sí? El punto clave es el uso que se le dé a la tierra, y los recursos que de esa actividad pueda obtener el Estado para su redistribución. Pero en esto, ¿pueden hallarse diferencias entre los terratenientes uruguayos y los extranjeros? Es decir, ¿no explotan ambos la tierra para sus propios y exclusivos beneficios, sin importar el resto de la sociedad? Por supuesto, de estas afirmaciones no hay que derivar que sea mala intención el móvil de este comportamiento: son simplemente las reglas del juego capitalista.

Pero llegamos aquí al corazón del problema. La oposición auténtica no es una oposición en función de la nacionalidad (“productores nacionales” – “multinacionales extranjeras”) sino una oposición socio-económica: “terratenientes” – “no terratenientes”. Podemos apreciar, entonces, una de las funciones más valiosas (para los poderosos) del nacionalismo: la de distorsionar la identidad de intereses entre los propietarios, sea cual sea su nacionalidad, y con ello ocultar los conflictos y las desigualdades sociales y económicos sobre los que se asienta su poder.

Categorías:Capitalismo, Nacionalismo