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Ecología y política en Uruguay

(Publicado originalmente en Revista Lento, junio de 2014)

Jueves 11 de octubre de 2012. Llego a la Marcha en defensa de la tierra y los bienes naturales, y me integro a una multitud de miles de personas, que se extiende a lo largo de varias cuadras por la avenida 18 de Julio. Carteles y pancartas identifican a diferentes organizaciones o expresan reclamos e ideas diversas pero que coinciden, de una forma u otra, en una crítica a las políticas que lleva adelante el gobierno que involucran la afectación de los bienes comunes del país y sus consecuencias socioeconómicas: los monocultivos forestales y sojeros, la industria de la celulosa y el uso masivo de agrotóxicos, los puertos maderero y de aguas profundas de Rocha, la regasificadora de Puntas de Sayago, la megaminería encarnada en Aratirí. Allí está la denuncia de los impactos que todo eso tiene o tendrá en la tierra y el agua, en la salud de los uruguayos y en su situación económica, lejos de las optimistas previsiones oficiales.

Enseguida noto algo extraño: la impresionante diversidad social, cultural y política de esa masa de gente que va codo a codo, a pie, a caballo o en carros, tocando tambores o repartiendo volantes, con banderas uruguayas y artiguistas y entonando cánticos combativos, o simplemente en silencio. Una de las consignas del evento es unir el mosaico geográfico que componen “el campo, la costa y la ciudad” y, en efecto, no puedo evitar tararear “de todas partes vienen…” al constatar que allí, en la principal arteria de nuestra capital, hay organizaciones e individuos llegados de todos los departamentos, cada cual con sus luchas locales, sus arroyos que desembocan en una lucha nacional y en este río de gente que fluye hacia la Plaza Independencia. Pero son aguas muy raras.

Observo, perplejo, anarquistas y marxistas marchando lado a lado con productores rurales y organizaciones tradicionalistas; hippies, veganos e indigenistas coreando consignas junto a empresarios ganaderos y turísticos; gremialistas universitarios fumando marihuana al lado de abuelos que llevan de una mano a sus nietitos y en la otra carteles con mensajes similares a los de los jóvenes porreros. Y todos los matices imaginables que quepan dentro de ese espectro, en una manifestación popular genuinamente representativa de la sociedad uruguaya en su heterogénea composición social.

Estas escenas se repiten en la cuarta, la quinta y la sexta marcha, separadas cada una por un lapso de seis meses. De la misma manera, se repite mi asombro y la necesidad de buscar una explicación a esta situación tan anómala, tan extraña.

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Entre todas las luchas nucleadas en este movimiento, hay una que se destaca y actúa como factor aglutinante y catalizador, quizá por las dimensiones del emprendimiento al que se opone, la cantidad de intereses sociales y económicos que éste afectaría, y por la urgencia con que el gobierno ha intentado ponerlo en marcha: la pelea contra el proyecto megaminero de Aratirí.

Es justamente el caso en el que mejor se puede apreciar la confluencia creciente de actores sociales y políticos extremadamente diversos. Una lista incompleta de quienes se han declarado en contra o han formulado serias reservas respecto al proyecto concreto de Aratirí o a la megaminería en general, incluye a la Federación Rural, la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la Organización Sindical de Obreros Rurales, Plenaria Memoria y Justicia, el partido político Unidad Popular (UP) y varias personalidades de los partidos Nacional y Colorado (especialmente a nivel de las dirigencias locales del interior), por señalar sólo organizaciones gremiales o políticas con orientaciones ideológicas definidas. Además, debemos contar una multitud de colectivos vecinales, que forman el grueso de la Asamblea Nacional Permanente (la cual ha sido la responsable de las marchas nacionales y de la coordinación de acciones locales en todo el país) y ONGs, como el Movimiento por un Uruguay Sustentable, que impulsa un plebiscito para prohibir la megaminería en todo el territorio nacional.

Una pregunta me rompe la cabeza y los esquemas: ¿cómo es posible que grupos tan política, cultural y socialmente heterogéneos puedan sentirse y actúen unidos por un objetivo común político?

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En sintonía con los demás gobiernos progresistas de Sudamérica, el FA ha optado por transitar la vía del “neodesarrollismo”. Así, un fuerte crecimiento económico a partir de la renta generada por la exportación de unos pocos productos primarios (entre los que se desatacan, en el caso uruguayo, la soja, la carne bovina y la celulosa) se une a un papel activo del Estado en la regulación de la economía. Como señalan Carlos Santos y otros en “Seis tesis sobre el neodesarrollismo en Uruguay”, “este nuevo modo de regulación genera condiciones institucionales para el arribo y permanencia de la inversión transnacional al tiempo que despliega políticas sociales compensatorias de redistribución del ingreso imponiendo algunas condiciones al capital transnacional”.

El crecimiento económico al que ha conducido este neodesarrollismo tiene su contracara más crítica en el impacto ecológico de las actividades extractivas que son su motor. Quizás el caso más notable y alarmante sea la contaminación de los cursos hídricos con agrotóxicos, sobre todo la cuenca del río Santa Lucía, causa de un episodio que tomó estado público en marzo de 2013 cuando el agua corriente de la zona metropolitana comenzó a despedir un fuerte y desagradable olor y sabor.

Los motivos que han conducido a la conformación del movimiento de defensa de los bienes naturales se encuentran, entonces, en parte de la política económica que han llevado adelante los gobiernos del Frente Amplio durante la última década, especialmente en su concepción del desarrollo y el lugar que en ésta ocupa la preocupación (o ausencia de ella) por sus impactos ecológicos.

Por lo tanto, resulta lógico avanzar sobre la siguiente hipótesis: estamos frente al surgimiento, lento, contradictorio, pero firme y en expansión, de una conciencia, una cultura y una práctica política y social ecológica vernácula. O, más sencillamente, se trata del nacimiento de un heterogéneo ecologismo político uruguayo, capaz de trazar nuevas divisiones políticas en el cuerpo social.

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¿De qué hablamos cuando hablamos de ecología? Primera precisión conceptual: lo ecológico no es lo mismo que lo ambiental. Lo ambiental forma parte de lo ecológico, pero éste abarca mucho más que el simple cuidado o la conservación del ambiente. La ecología es una ciencia que estudia las interconexiones entre los diferentes sistemas, orgánicos e inorgánicos, que componen la trama de la vida en nuestro planeta. Se ocupa, por supuesto, de la interacción entre sistemas sociales y ambientales, y las consecuencias perjudiciales que tiene para una comunidad perjudicar el entorno natural en el cual vive y del cual depende para su subsistencia.

Desde el punto de vista ecológico, podemos describir la naturaleza como una serie de sistemas o circuitos de gran complejidad, ordenados de modo tal que unos contienen a otros. El contexto adquiere así una importancia de primera magnitud. Es éste el que otorga sentido a los diferentes contenidos y, en consecuencia, separar los contenidos de sus contextos sólo puede llevar a malentendidos y en última instancia a la introducción de desequilibrios en los sistemas, que atentan contra su supervivencia. Para la ecología entonces, el principal objeto de estudio son las relaciones entre los elementos de los sistemas, y no los elementos en sí. Un individuo sólo puede ser comprendido cabalmente en el contexto de una comunidad y ésta en el de un ecosistema determinado, y a través de las relaciones que establece con otros individuos, con su comunidad y con su ecosistema.

Por otro lado, la ecología plantea que la supervivencia es el fin supremo de todos los sistemas. Este es el estado de equilibrio último que se debe mantener, en función del cual se suceden cambios y ajustes reversibles en las variables, y, en un orden de cosas ideal, se mantienen autorregulados y corregidos los subsistemas con capacidades regenerativas. Son éste tipo de subsistemas las mayores amenazas a la supervivencia del sistema general, puesto que podrían ingresar en procesos de retroalimentación positiva o crecimiento exponencial, y escapar así a la regulación del sistema general, desestabilizándolo y llevándolo probablemente al colapso. Este es quizá el aspecto más delicado de la problemática ecológica ya que, para su supervivencia, el sistema necesita los subsistemas regenerativos.

La ecología es, en última instancia, un saber conservador: la tendencia constante de los sistemas (lo invariable en ellos) es hacia la autoconservación. Esto no significa ausencia de cambios, sino todo lo contrario: sólo cambiando es posible conservar, sólo a través de permanentes reajustes internos un sistema puede mantenerse existiendo.

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¿Y qué es la ecología política? ¿Cómo los postulados y descubrimientos de la ciencia ecológica pueden servir para la teoría y la acción política? ¿Y qué relación guarda con la división tradicional izquierda-derecha?

La ecología política surge a mediados del siglo XX como reacción al productivismo, sistema hegemónico a nivel mundial caracterizado por “la búsqueda prioritaria del crecimiento, la eficacia económica y la racionalidad instrumental”, según el activista Florent Marcellesi. Para el productivismo, el fin que justifica todos los medios, su razón de ser, es el crecimiento económico (es decir, el aumento de la producción y el consumo), al que identifica explícitamente con el bienestar social (y fuera del cual dicho bienestar sería imposible e impensable). Su slogan, su axioma, es “más (siempre) es mejor”. Sus etiquetas más comunes: progreso y desarrollo.

El productivismo como sistema global es hijo de una doble revolución: la científica del siglo XVII y la industrial del XVIII. La ciencia moderna ofreció una nueva manera de relacionarse con la naturaleza, tan necesaria como los avances tecnológicos para que la actual forma depredadora de explotación de los bienes naturales fuera posible. La naturaleza pasó de ser considerada un ser vivo digno de respeto a ser vista como una máquina, un objeto pasible de ser brutalmente diseccionado, para conocerlo y para lucrar con él.

La revolución industrial trasladó definitivamente el centro económico, político y cultural de las sociedades del campo a la ciudad. El industrialismo segmentó así en compartimentos estancos las diversas etapas de la producción, y con ello generó una cosmovisión del hombre como un ser por fuera y por encima de la naturaleza, como su amo absoluto e irresponsable, disociado y diferente de ella, y la creencia de efectivamente haberla sometido a sus designios. De la mano vino la arrogancia moderna, producto del asombroso dominio tecnológico que el hombre parecía desplegar frente al ambiente que le rodeaba, dominio material e intelectual, ya que los descubrimientos y avances científicos iban a la par de la técnica. En una palabra, el industrialismo produjo una alienación nunca antes conocida, entre el trabajador y el producto de su trabajo, sí, pero fundamentalmente entre el ser humano y el resto del universo.

Un corolario de esta alienación es la usual ignorancia de la gente de la ciudad respecto a cómo se producen las diferentes cosas y cómo se relacionan fenómenos en apariencia inconexos, que en buena medida se debe a la hiperespecialización de las labores propia del industrialismo. He conocido personas que de alguna asombrosa manera habían llegado a creer que las arvejas ya vienen enlatadas y la leche en bolsas de plástico desde un principio. En contraposición, la gente del campo suele tener una conciencia acerca del mundo verdaderamente ecológica, sistémica, aunque más no sea intuitiva y rudimentaria, íntimamente relacionada con la forma de vida y el trabajo propios del medio rural: no genera los mimos efectos mentales comer algo que uno mismo cultivó o crió, y por tanto apreció en todas las etapas de su vida y en relación con su medio hasta su fusión con el propio organismo, que comer algo que tomamos de una góndola de supermercado y lo intercambiamos por dinero.

El ecologismo denuncia los efectos socioambientales del productivismo industrialista, y se opone a él debido a que es intrínsecamente insostenible: no se puede crecer exponencial e infinitamente en un planeta finito. Por el contrario, como la ciencia ecológica ha demostrado, cualquier sistema que se embarque en un proceso de crecimiento exponencial descontrolado se encuentra condenado al colapso (un ejemplo clásico aunque poco amigable: las células cancerígenas que afecten un organismo crecerán y crecerán, hasta matar al organismo y morir ellas también en consecuencia). Este es precisamente el rumbo que lleva nuestra civilización industrial, particularmente visible en la explosión demográfica que se desató, fuera de control, a partir de la revolución verde de mediados del siglo XX. La población mundial viene creciendo en forma exponencial, sólo sostenida por la aplicación de técnicas industriales en la agricultura, altamente dependientes del uso intensivo de combustibles fósiles y fosfatos, en maquinaria de producción y transporte y en fertilizantes químicos.

Sin embargo, los picos de producción tanto del petróleo (la verdadera sangre de la civilización industrial) como del fósforo ya nos están golpeando la puerta; es decir, se revela al fin lo insostenible de este crecimiento demográfico. Los precios de los alimentos se disparan y generan las primeras revueltas del hambre (uno de los motivos que llevaron, por ejemplo, al estallido de la Primavera Árabe). Estamos acabando con las reservas energéticas no renovables que sostienen la ilusión de un crecimiento infinito.

La propuesta del ecologismo, frente a tal panorama, es la del decrecimiento. En realidad, decrecer no es una opción; la única opción es cómo lo vamos a hacer y con qué recursos vamos a contar para ello. En tal sentido, el ecologismo pretende poner en marcha la transición hacia una economía estacionaria, que forzosamente deberá apartarse del productivismo. Su alternativa, como muestra la historia de tantas civilizaciones pasadas, es el colapso.

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Identificado el antiproductivismo como el corazón del ecologismo, tocamos uno de sus puntos más polémicos: su ubicación en el campo político, especialmente en relación a la izquierda. ¿Es el ecologismo una ideología de izquierda? Esto nos lleva a una cuestión más básica: ¿qué es la izquierda, y en especial, cuál es su relación con el productivismo? Una definición aceptable que incluya todos los movimientos identificados históricamente como izquierdistas sería la de una postura económica y ética, que tiene como metas grados más o menos avanzados de colectivismo económico y justicia social. A la conjunción de estas metas la podemos llamar, laxamente, “socialismo”. A la inversa, el capitalismo se identifica con las posiciones de derecha y, fundamentalmente, con la libertad y el individualismo económicos.

Ahora bien, las izquierdas tradicionales, los diferentes socialismos que se han desplegado a lo largo de dos siglos, han sido en su mayoría anticapitalistas, pero no antiproductivistas. Esta constatación revela una verdad profunda: capitalismo y socialismo son hijos de un mismo vientre, el del productivismo industrialista. Con la rara excepción de los Jemeres Rojos de Camboya, todos los movimientos izquierdistas del siglo XX tuvieron como una de sus metas el desarrollo industrial. Así, la izquierda ha puesto en cuestión a quién debe beneficiar el desarrollo o crecimiento económico y cómo, pero nunca ha puesto en cuestión al propio crecimiento, quedando incapacitada para percibir sus contradicciones y, en última instancia, su imposibilidad en el largo plazo.

Está claro que el ecologismo es una ideología anticapitalista, que desplaza el foco de atención de la contradicción entre capital y trabajo a la de capital y naturaleza. Pero, en última instancia, la ecología política es irreductible a la oposición entre capitalismo y socialismo, entre derecha e izquierda. Aunque sin dudas posee más puntos en común y posibilidades de acción conjunta con la segunda, esto no obsta que existan tendencias que algunos críticos han calificado de ecofascismo (el ejemplo más claro es el movimiento del finlandés Pentti Linkola, que no sólo es contrario a la inmigración sino además prtidario de eliminar a la mayoría de la humanidad y de terminar con la democracia).

El acercamiento entre la izquierda y el ecologismo, por su parte, sólo puede suceder si la izquierda tradicional reconoce que no es parte de la solución sino del problema y acepta la impugnación ecologista del crecimiento, transformándose en consecuencia y conservando su preocupación por la justicia social al tiempo que abandona sus ideales desarrollistas. Aquí se abren caminos políticos aún jóvenes a nivel global (como el ecosocialismo), e inexistentes a nivel local.

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Mientras tanto, en Uruguay, no encontramos defensores más cerriles del productivismo a ultranza que en las filas de la izquierda tradicional, tanto en el Frente Amplio como en el PIT-CNT, con sus consecuentes posturas antiecológicas. Su impulso y respaldo total a la soja, la forestación y la megaminería nos muestra que, en la contradicción entre capital y naturaleza, se han inclinado por el capital; una postura que algunos pretenden justificar, curiosamente, hablando del desarrollo de las fuerzas productivas y las contradicciones del capitalismo, la industrialización y la participación estatal en la economía, es decir, con un marxismo de manual que ignora cualquier consideración ecológica, y lleva a suponer que muchos de ellos preferirían vivir en una sociedad sin clases, aunque sea también una sociedad sin agua.

En la vereda de enfrente encontramos un creciente movimiento popular surgido desde bases vecinales y académicas, de alcances nacionales y proveniente, en su mayoría, del interior y el medio rural. Esta procedencia es una novedad en la historia reciente de los movimientos sociales y no es un dato menor, ya que puede ayudar a explicar su poca sintonía con el partido de gobierno, que siempre ha tenido su fortaleza en la capital y las áreas urbanas, y la mejor relación con los partidos tradicionales (sobre todo el Nacional).

En este sentido, debemos ser cuidadosos y, tomando el caso emblemático de la lucha contra Aratirí, señalar que fue probablemente la presión popular, en la que estaban involucrados, en algunos casos, líderes políticos locales de los partidos tradicionales, lo que llevó a dirigentes nacionales como Pedro Bordaberry, Jorge Larrañaga o Sergio Abreu a declararse tardíamente en contra de dicho proyecto. No parece haber ningún fundamento para suponer que el proceso fue a la inversa.

Es esta suma de extrañas circunstancias la que ha llevado a una especie de alianza entre partidos de derecha y un movimiento popular contrario a los intereses del gran capital transnacional. Si el ecologismo, como vimos, no se deja clasificar en el eje izquierda-derecha, no parece tan anómalo que personas y organizaciones inclinadas hacia uno y otro polo puedan actuar juntas en forma coherente. Apelar al gastado slogan de “los extremos se juntan” significa suponer que existen sólo dos extremos e ignorar que además de UP y la ARU hay una masa de gente que abarca todo el espectro sociopolítico.

El avance del capitalismo depredador sobre tierras uruguayas ha terminado generando un movimiento que es, en los hechos, anticapitalista y antiproductivista. Aún es temprano para calibrar hasta qué punto las bases populares del joven ecologismo uruguayo son concientes de ello. Quizá esa toma de conciencia sea el paso que falta para que la ecología política se instale y cristalice definitivamente en nuestro país como una ideología llamada a desempeñar un rol protagónico en los tiempos que vienen.

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 Conocer el Parlamento

 El interés político-partidario por los temas ecológicos en Uruguay tiene su antecedente más importante en el Partido Verde Eto-Ecologista, fundado por el Dr. Rodolfo Tálice y presente en las elecciones de 1989 y 1994, en las que cosechó alrededor de 11.000 y 5.500 votos, respectivamente. Posteriormente sufrió un desgajamiento, cuando Homero Mieres formó el Partido del Sol (que terminaría aliándose al Partido Nacional), y, tras aliarse con el Partido Independiente, ingresó a la Unión Cívica, que a su vez pasó a formar parte del Partido Nacional.

En la actualidad, la preocupación por una agenda verde se manifiesta en la arena partidaria uruguaya, fundamentalmente de la mano de grupos que luchan por acceder por primera vez al Parlamento. El Partido Ecologista Radical Intransigente y el Partido Unidos por Nuestras Riquezas Naturales definen sus identidades a través del ecologismo y ambientalismo. A su vez, Unidad Popular – Asamblea Popular integra claras definiciones ecologistas en su plataforma electoral. De tendencia izquierdista, estos tres partidos coinciden en su rechazo al proyecto megaminero de Aratirí y en impulsar formas ecológicas y sustentables de producción de alimentos y relación con la tierra, de construcción y de desarrollo de energías renovables. En ningún programa de los demás partidos para las próximas elecciones las propuestas relativas al ambiente ocupan lugares tan importantes.

Drogas: prevención y libertad

¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etc, entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar: otro asumirá por mi tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligrosos para la mayoría de los hombres (y entre ellos todo el bello sexo). Después de haber entontecido a sus animales domésticos, y procurar cuidadosamente que estas pacíficas criaturas no pueda atreverse a dar un paso sin las andaderas en que han sido encerrados, les muestran el peligro que les amenaza si intentan caminar solos. Lo cierto es que este peligro no es tan grande, pues ellos aprendería a caminar solo después de cuantas caídas: sin embargo, un ejemplo de tal naturaleza les asusta y, por lo general, les hace desistir de todo intento.

Immanuel Kant, ¿Qué es la Ilustración?, 1784

Un análisis de diversas investigaciones llevadas a cabo en la última década, en varias regiones del mundo, acerca de la eficacia de diferentes estrategias de prevención en usos problemáticos de drogas en la enseñanza media arroja resultados muy interesantes.[1]

Encontramos en ellos altos grados de coincidencia respecto a qué funciona y qué no a la hora de encarar la prevención en dicho tema. Centrarse en las sustancias, en los aspectos químicos y biológicos, resulta una casi segura receta para el fracaso. Las estrategias eficaces se basan en colocar en el centro a los sujetos y los vínculos que los sujetos establecen consigo mismos, entre sí, con el mundo que los rodea y (a veces marginalmente) con las sustancias. Deben ser abordajes contextualizados y dinámicos, donde los adolescentes tengan importantes espacios de participación. En contrapartida, resulta conveniente descartar la mera transmisión pasiva de información, en especial cuando está enfocada en las consecuancias negativas del consumo. Peor aún, a la hora de evaluar la eficacia de la prevención, es apelar al miedo y a la demonización de las sustancias; probablemente no haya nada que dé menos resultados positivos que un discurso alarmista (y simplificador) como “la droga mata” o “simplemente di no”.

Si nos detenemos a reflexionar sobre estas constataciones, podremos apreciar fácilmente no solo una oposición de discursos o de estrategias para abordar la prevención; lo que aquí vemos enfrentados son paradigmas sobre las drogas y nuestra relación con ellas -paradigmas que son la base, justamente, de dichas estrategias divergentes. Llamaremos “represivo” o “prohibicionista” a uno de ellos, y “vincular” a otro.[2]

El paradigma represivo y la crítica liberal

Es ya un lugar común la afirmación de que que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado.[3] Esta política global, fuertemente impulsada por Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XX (con importantes antecedentes en décadas previas), no ha cumplido ninguno de sus objetivos. Como reseña el referido informe,

los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas orientadas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales, han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo. Las aparentes victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi instantáneamente por la emergencia de otras fuentes y traficantes. Los esfuerzos represivos dirigidos a los consumidores impiden las medidas de salud pública para reducir el VIH/SIDA, las muertes por sobredosis, y otras consecuencias perjudiciales del uso de drogas. Los gastos gubernamentales en infructuosas estrategias de reducción de la oferta y en encarcelamiento reemplazan a las inversiones más costo-efectivas y basadas en la evidencia orientadas a la reducción de la demanda y de los daños. (p.2)

La guerra contra las drogas ha sido, quizás, la manifestación más acabada del paradigma represivo. En ella se aúnan el prohibicionismo moralizante, la criminalización de actividades que no entrañan per se perjuicio alguno para la sociedad, una opción decidida por la reducción de la oferta y una forma brutal de concebir la reducción de la demanda, y la fetichización de la sustancia. Analicemos y critiquemos suscintamente estos pilares conceptuales del paradigma en cuestión.

Cocaine_for_kids

Publicidad de cocaína para el dolor de muelas en niños, Estados Unidos, 1885.

El fundamento de la prohibición entraña una determinada escala de valores. Se demonizan las sustancias prohibidas,[4] así como a aquellos que se ven involucrados en las más diversas actividades con estas, desde los narcos más poderosos (y así tenemos, por ejemplo, a un Pablo Escobar “Patrón del Mal”, según una popular telenovela colombiana) hasta los usuarios más ignotos, todos ellos catalogados uniformemente bajo el estigmatizante epíteto de “drogadictos”. Construida esta encarnación del mal, establecida esta escala de valores (que, recordemos, aún a principios del siglo XX era novedosa en un mundo donde las farmacias vendían libremente y personas de todas las clases sociales consumían sin mayores inconvenientes cocaína, heroína, marihuana y morfina, entre otras drogas), se vuelve una cuestión de sentido común prohibir la producción, comercialización e incluso el consumo, y consecuentemente perseguir y castigar a quienes realicen cualquiera de esas cosas.

Esta criminalización ha introducido en nuestros sistemas legales un principio reñido con la matriz liberal de la que son producto. Uno de los fundamentos de la legalidad liberal es que toda acción privada de las personas, que no constituye un perjuicio para otras, es asunto exclusivo de cada una.[5]

Como toda la arquitectura de la filosofía liberal, este principio se sustenta en su derecho más elemental, su auténtica clave de bóveda: el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a procurarse los medios necesarios para su subsistencia, con la única salvedad de no perjudicar, en dicha búsqueda, el mismo derecho ajeno. He allí el fundamento liberal de la propiedad.

Ahora bien, nada de esto tiene sentido si no consideramos un derecho más básico aún (y demasiado evidente como para que ni siquiera necesite ser explicitado): el de la autopropiedad. Cada persona es propietaria exclusiva de su cuerpo, y a ella y sólo a ella le compete decidir sobre éste. O, expresado de una forma más sencilla y directa por Antonio Escohotado: “de la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano, y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país.” (Escohotado, 2006: 7)

El objetivo de todo esto es establecer el límite del poder estatal sobre nuestras personas. Dicho límite viene dado por el rol que el liberalismo clásico (desde John Locke en adelante) le asigna al Estado. En esta concepción, éste es la institución encargada de velar por nuestros derechos, derechos que son previos a la existencia del propio Estado (hoy los llamamos “derechos humanos”) y que éste no puede no reconocer (bajo el riesgo de caer en la tiranía y, por tanto, en la ilegitimidad).

Sin embargo, la criminalización de la producción, comercio y uso de drogas es un ataque frontal a los fundamentos liberales de los sistemas jurídicos de Occidente y, de hecho, los ha minado hasta un nivel que debería alarmarnos, puesto que el Estado se arroga la potestad de imponernos qué consumir y qué no, es decir, qué hacer y qué no con nuestros cuerpos, violando nuestro derecho a la autopropiedad.[6]

Esto es lo que lleva a un autor como Thomas Szasz a plantear que actualmente los gobiernos han pasado, al menos en teoría, de ser nuestros sirvientes a ser nuestros señores, en el marco de un Estado terapéutico que sería, por eso mismo, un Estado totalitario. (Szasz, 1992: 203)

Al construir a las drogas como un problema que debe ser solucionado, el prohibicionismo elabora una serie de estrategias económico-políticas para librar esa lucha. Como fue señalado, en primer lugar existe un énfasis en la reducción de la oferta, que se traduce no sólo en la prohibición misma, sino en acciones directas contra las propias sustancias, con resultados sociales a menudo terribles. Así es como se ha preferido combatir a las drogas atacando, por ejemplo, al que quizás sea el eslabón más débil dentro de la cadena de la oferta: la producción en algunos países del tercer mundo. Los casos de los países andinos, especialmente Colombia y Bolivia, son quizás los más claros para observar cómo la represión la terminan sufriendo con mayor intensidad los campesinos que se dedican al cultivo de la hoja de coca, viendo acentuada su miseria y la precariedad de su subsistencia.[7]

A esta forma de reducción de la oferta se le suma una forma muy particular de entender la reducción de la demanda, igualmente represiva, y consistente en despojar de derechos/libertades a los usuarios, ya sea considerándolos enfermos o delincuentes y pasibles, por lo tanto, de procedimientos penales o médicos contra su voluntad.

Todos los datos de que disponemos muestran la absoluta ineficacia de esta estrategia para reducir el uso de drogas ilegales con fines recreativos, que no ha hecho más que aumentar.[8] Podemos colegir que hay un error fundamental en poner el foco en la oferta, cuando ésta depende básicamente de la demanda. Y la demanda, si bien se retroalimenta con la oferta, suele tener otras causas, que escapan a las meras consideraciones económicas.[9]

En suma, las estrategias basadas en la reducción de la oferta y la demanda parten del supuesto de que las drogas son un problema o, mejor dicho, que los problemas que involucran a las drogas necesariamente se explican por ellas. Esto nos conduce directamente a la cuestión de la fetichización de las sustancias.

Como acertadamente señala Jorge Barreiro,

La idea de que algunas sustancias son intrínsecamente dañinas, que su atributo sería causar el mal o la enfermedad y que no serían susceptibles de usos benéficos, es relativamente reciente, de principios del siglo XX. Hasta entonces las sociedades convivieron con el consumo de drogas sin mayores problemas. Para los antiguos griegos, por ejemplo, el concepto de phármakon (entre otros, la cerveza, el vino, el cáñamo y el opio) podía ser un veneno o una medicina, representar tanto una cura como un peligro: los daños o beneficios de los phármakon residían exclusivamente en el uso que el ciudadano adulto hiciera de los mismos.

Hubo que esperar a una era como la nuestra, en la que los objetos adquirieron el carácter de fetiches dotados de vida propia, de los que ha desaparecido cualquier rastro de las relaciones humanas que los han engendrado, para que las cosas se invirtieran radicalmente. Ese fetichismo atribuye a las cosas propiedades intrínsecas, a los que ningún individuo podría sustraerse. La única posibilidad de romper con esa fatal determinación sería prohibiendo el uso de la cosa intrínsecamente perversa. [10]

El absurdo del fetiche cae por su propio peso. Sólo conocemos una cosa en el universo que posea voluntad (y que, por lo tanto, pueda ser responsabilizada por sus acciones), y esa cosa somos los seres humanos. Así como ningún arma ha matado jamás a nadie, ninguna droga tampoco lo ha hecho: son las personas que utilizan armas, o drogas, quienes matan a otras personas o se matan a sí mismas. Es en el tipo de uso que alguien le da a un objeto inanimado donde debemos buscar las responsabilidades correspondientes, no en los objetos inanimados, que son simples medios para las acciones humanas.

Sin embargo, las consecuencias que ha traído este absurdo respecto a las drogas son profundas y difíciles de evaluar en todo su alcance. Quizás la más grave de ellas ha sido, nuevamente, un recorte en nuestra capacidad de autonomía, pues la voluntad que el fetiche nos quita a los humanos se la otorga a las sustancias.

¿Qué lugar ocupan, entonces, las personas en el esquema del paradigma represivo? Si conectamos los puntos, aparece una concepción de los individuos como irresponsables, como menores de edad que deben ser protegidos no sólo de los demás, sino, muy especialmente, de ellos mismos. En suma, lo que este paradigma le propone a las personas (y efectivamente lo ha hecho) es renunciar a parcelas de su libertad a cambio de mayor seguridad -una fórmula que históricamente se ha mostrado muy peligrosa.

Apuntes sobre el paradigma vincular

Como se desprende de la crítica al paradigma represivo, otro que permita actuar con mayor eficacia debe partir de supuestos diferentes. Esto es lo que hace, entre otros, el que hemos llamado paradigma vincular que, como su nombre lo indica, desplaza el centro de la atención de las sustancias a los vínculos.

Siguiendo a Pichon-Rivière, consideraremos el vínculo como “una estructura compleja de fenómenos emocionales, afectivos, y comunicacionales, concientes e inconcientes que incluyen un sistema transmisor receptor, un mensaje, un canal, signos, símbolos y ruido” (Fernández Romar, 2000: 77).

Como Juan Fernández señala, a la hora de abordar los problemas que invlucran a las drogas, “todo depende del vínculo que la persona establezca con la(s) sustancia(s) y el sentido que le asigne a la droga en su vida” (ídem). Esto nos lleva a aspectos más amplios de la cuestión, en particular las formas de vinculación que las personas desarrollan con otras personas, en su vida pública y privada, y con el mundo que las rodea en general.

He aquí uno de los puntos fuertes en los que coinciden las investigaciones que mencionaba al principio. A la hora de prevenir usos problemáticos de drogas, al menos entre la población adolescente que concurre a sistemas formales de enseñanza, no suele ser tan importante (o eficaz) trabajar sobre los vínculos que establezcan concretamente con las sustancias, como trabajar sobre los aspectos más generales que hacen a los vínculos.

Esto se puede relacionar con otra conclusión que se desprende del análisis de dichas investigaciones, a saber, la conveniencia del desarrollo de las llamadas habilidades para la vida, “un grupo de habilidades psicosociales cuyo desarrollo resulta relevante para personas de todas las edades y de los más diversos contextos socioeconómicos” tal como las define la Organización Mundial de la Salud.[11] Entre ellas encontramos el conocimiento de sí mismo, la comunicación efectiva o asertiva, el manejo de emociones y sentimientos, la toma de decisiones, la resolución de problemas y conflictos, etc.

Uno de los fundamentos más firmes que sostiene esta estrategia es la constatación de que los usos que suelen dar las personas a las drogas, y aún los efectos que éstas causan en sus organismos, dependen en buena medida de los ambientes en que desarrollan sus vidas cotidianas, incluyendo aquí, por supuesto, los ambientes sociales.[12]

 Esto implica destronar a “la droga” de su lugar de privilegio a la hora de analizar y actuar sobre sus usos problemáticos. Como incisivamente afirma Escohotado, las razones por las que las personas caen en dependencias y en abusos de sustancias, no son diferentes de las razones por las que caen en dependencias sociales, sentimentales o de cualquier otro tipo (Escohotado, 2006:28).

Pensando esto a través de las variables oferta y demanda (como vimos más arriba), se trataría de trabajar sobre las causas de la demanda para lograr su reducción. Yendo un paso más allá, podríamos incluso considerar que este paradigma nos permite superar el enfoque oferta-demanda (que por su aspecto economicista puede rechinar en los ámbitos de la salud y educativo), al apuntar a reducir los usos problemáticos y no necesariamente la demanda per se.

Entonces, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la droga en este paradigma? Creo que lo más acertado es recuperar el concepto de pharmakon, tal como Barreiro lo traía a colación, seguramente siguiendo los pasos del propio Escohotado, quien lo ha analizado con minuciosidad en varios de sus libros. Pharmakon designaba a una sustancia que es en sí, al mismo tiempo, remedio y veneno, convirtiéndose en uno o en otro únicamente a partir del uso que la persona le dé (incluyendo, por ejemplo, formas y tiempos de administración, características fisiológicas y/o mentales del individuo y, sobre todo, dosis).

Esto nos conduce directamente al núcleo del nuevo problema que se plantea: una persona sólo podrá usar eficazmente una sustancia de acuerdo a sus necesidades o deseos si cuenta con el conocimiento necesario para ello.

Prevención y libertad

 ¿Cuál debe ser el fundamento teórico de los programas y estrategias de prevención en los usos problemáticos de drogas? Llegados a este punto, las opiniones científicas vertidas en los artículos referidos son cada vez más opiniones y cada vez menos científicas, entendiendo esto en el sentido de ideológicas, y entendiendo la ideología en un sentido no peyorativo.

En consonancia con el enfoque liberal que defiendo en este escrito, considero que la mejor estrategia educativa para abordar la prevención en materia de drogas (y mejor no sólo por sus aspectos sanitarios, sino además por la práctica de la libertad que ella entraña), consiste en el uso responsable. Démosle la palabra una vez más a Escohotado:

Toda prevención que queramos enseñar a nuestros hijos será ineficaz si no es una prevención calculada para el uso, en vez de para la abstemia. Por la misma razón, no podemos conceder permiso de conducir una avioneta o un coche más que sabiendo conducir la avioneta o el coche.[13]

Ahora bien, la responsabilidad es hija de la libertad, y ésta sólo es posible a través del conocimiento: del mundo, de la “realidad externa” y de los demás, pero sobre todo de uno mismo.

El enfoque desde la prohibición, el enfoque represivo, es uno que les niega responsabilidad y autonomía (pues les niega libertad) a las personas, y por eso las considera menores de edad, al decidir por ellas qué se debe y qué no se debe hacer, es decir, qué es lo correcto. Junto con lo permitido (lo legal) viene toda una carga moral y ética -pero se trata de una moral y de una ética ajenas, que no han pasado por la reflexión y la crítica personal del sujeto: que no han sido su elección.

Ojalá estuviera diciendo algo nuevo. Sin embargo, me estoy limitando a adaptar lo que ya escribió (y denunció) Immanuel Kant hace casi dos siglos y medio al responder ¿Qué es la Ilustración? y que, lamentablemente, parece escrito ayer por la mañana.

Kant, viejo antagonista intelectual de los absolutismos monárquicos y del pensamiento, sabía a la perfección que ser tratado como un menor de edad implica algunos beneficios, los cuales pueden resumirse en uno: la irresponsabilidad. Si otros eligen por mí, no puedo ser considerado responsable por mis acciones. No obstante, ese beneficio tiene un costo gigantesco, y es la pérdida de la libertad (y su correlato, el aumento desproporcionado del poder de aquellos que deciden por nosotros).

Ahora bien, educar para la libertad y para la responsabilidad implica manejarse con conocimientos certeros y lo más objetivos posibles. Implica el esfuerzo por despojarse de prejuicios que los distorsionen o, cuando ello no es posible (si acaso lo es), tener conciencia de cuáles son los fundamentos teóricos y filosóficos sobre los que descansan nuestras acciones. En pocas palabras, implica honestidad intelectual y respeto por el otro.

A modo de ejemplo, cuando mencionaba que el paradigma vincular abre la posibilidad de pensar más allá de la reducción de la demanda, está claro que avanzar por ese camino y detenerse en la reducción de los usos problemáticos de drogas como un objetivo de la prevención y de la educación no es nada más (y nada menos) que una opción de método y de filosofía. Perfectamente podemos recorrer ese camino hasta el final, y plantear así que el objetivo debería ser la formación de sujetos autónomos, libres, que tengan el valor de servirse de su propia razón y que, en consecuencia, hagan lo que les plazca con sus cuerpos -aún usar drogas en forma problemática.

La elección es, debería ser, nuestra.

Bibliografía

Arco Tirado y Fernández Castillo (2001). Por qué los programas de prevención no previenen. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud/ International Journal of Clinical and Health Psychology, 2(2), 209-226.

Barreiro, J. (2010). La guerra (perdida) contra las drogas 1/, http://jorgebarreiro.wordpress.com/2010/05/07/la-guerra-perdida-contra-las-drogas1/.

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Morgan, D., Grant, K., Gage, D., Mach, R., Kaplan, J., Prioleau, O., & Nader, M. (2002). Social dominance in monkeys: dopamine d2 receptors and cocaine self-administration. Nature Neuroscience, 5(2), 169-174.

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Szasz, T. (1992). Nuestro derecho a las drogas. Barcelona: Anagrama.

World Health Organization (1993). Life skills education for children and adolescents in schools, http://whqlibdoc.who.int/hq/1994/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdf


[1]   Arco Tirado y Fernández Castillo (2001), Botvin, G., & Griffin, K. (2007), Fernández, S., Nebot, M., & Jané, M. (2002), Pokhrel, P., Sussman, S., Rohrbach, L. A., & Sun, P. (2007), Chakravarthy, B., Shah, S., & Lotfipour, S. (2013), Byrne, D. G., & Mazanov, J. (2005), entre otras.

[2]   No son, por supuesto, los únicos paradigmas existentes. Fernández Romar (2000: 95-133) enumera y describe otros modelos: médico-sanitario, psico-social, sociocultural, geopolítico, etnobotánico y (especialmente) holográfico.

[3]   Véase, por ejemplo, el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas de junio de 2011, http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Global_Commission_Report_Spanish.pdf

[4]   Quizás el ejemplo pionero, por su difusión mediática, haya sido la película Reefer Madness (Louis J. Gasnier, 1936).

[5]   Como la Constitución uruguaya establece, en su artículo 10º: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.”

[6]   El siguiente ejemplo del Dr. Thomas Szasz es más que elocuente: “Supongamos el siguiente argumento imaginario. Don, un viudo retirado de sesenta y tantos años, vive solo en un barrio residencial. Tiene muchos amigos, goza de buena salud y seguridad económica, y no tiene personas a su cargo. Su hobby es la jardinería en un invernadero anexo a su casa. Siendo un genio en el cultivo, su hogar rebosa de plantas exóticas y flores frescas, y sus tomates son legendarios. Imaginemos además que Don, una persona audaz y emprendedora, adquiere algunas semillas de marihuana, coca y adormidera, las siembra en su invernadero, alimenta los brotes hasta conseguir plantas maduras, las cosecha y produce algo de marihuana, hojas de coca y opio en bruto. Muy dado a la privacidad, Don ni siquiera tolera una asistenta para la limpieza en su casa, aunque bien podría permitírsela económicamente. Por tanto, no hay modo de que nadie, legalmente, tenga conocimiento de su pequeña granja narcótica. Finalmente, supongamos que cierta tarde de sábado, estando solo en su casa, Don fuma un poco de marihuana, o masca algunas hojas de coca o mezcla algo de opio en polvo en su té de medianoche. ¿Qué ha hecho Don y cómo contemplan la legislación criminal y la legislación sobre salud mental su conducta? Poseer tierra y edificios es un derecho de propiedad básico. La privacidad, especialmente desde Griswold v. Connecticut y Roe v. Wade, es también un derecho básico. Así, Don ha ejercido simplemente algunos de sus derechos de propiedad y privacidad: su derecho a su tierra, a su casa y a los frutos de su trabajo en su propia casa. No ha despojado a nadie de su vida, su libertad o su propiedad. Aunque tiene en contra la sabiduría convencional y la desinformación médica, Don tampoco se ha dañado a sí mismo. Sin embargo, la ley penal americana le considera ahora culpable de posesión criminal y uso de substancias controladas e ilegales, mientras la legislación americana sobre salud mental le considera un paciente psiquiátrico que padece dependencia química, abuso de substancias, desórdenes de personalidad y otras aberraciones psicopatológicas aún no descubiertas. Más aún, estigmatiza a Don como persona mentalmente enferma, criminaliza su conducta como la de un maligno violador de la ley, le despoja de su casa, le impone una multa astronómica y le encarcela como delincuente peligroso; todo esto se considera ahora perfectamente legal y constitucional. En este punto es posible que el lector se pregunte cómo los juristas y magistrados del Tribunal Supremo reconcilian tales castigos aparentemente excesivos —y por lo mismo «crueles e inusuales»— con la Constitución.” (Szasz, 1992: 41)

[7]   En especial cuando estas acciones represivas (destrucción de cultivos, por ejemplo), financiadas y apoyadas logísticamente por Estados Unidos, se articulan, “hacen máquina”, con otras políticas represivas que tienen como objetivo el combate a grupos guerrilleros o a movimientos campesinos y sindicales.

[8]   Véase el ya citado el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, p. 4.

[9]   A esto apunta también el señalamiento, muy común, de la hipocresía de la política represiva estadounidense sobre países pobres del tercer mundo, al constatar que si hay producción (oferta) en esos países es en buena medida porque hay una demanda cada vez mayor dentro de los propios Estados Unidos.

       Por otro lado, cabe preguntarnos acerca de las causas de la demanda de drogas y el doble estándar moral del prohibicionismo. Démosle una vez más la palabra al dr. Szasz: “¿Por qué deseamos drogas? Básicamente por las mismas razones por las que deseamos otros bienes. Deseamos drogas para mitigar nuestros dolores, curar nuestras enfermedades, acrecentar nuestra resistencia, cambiar nuestro ánimo, colocarnos en situación de dormir, o simplemente sentirnos mejor, de la misma manera que deseamos bicicletas y automóviles, camiones y tractores, escaleras y motosierras, esquíes y columpios, para hacer nuestras vidas más productivas y más agradables. Cada año, decenas o miles de personas resultan heridas y muertas a consecuencia de accidentes asociados con el uso de tales artefactos. ¿Por qué no hablamos de «abuso del esquí» o de un «problema con las motosierras»? Porque esperamos que quienes usan dichos equipos se familiarizarán por sí mismos con su uso y evitarán herirse, a sí mismos o a otros. Si se lastiman a sí mismos asumimos que lo hacen accidentalmente, y tratamos de curar sus heridas. Si lastiman a otros por negligencia los castigamos mediante sanciones tanto civiles como penales. En vez de resolver, éstos son, brevemente, medios con los que tratamos de adaptarnos a los problemas que presentan potencialmente los aparatos peligrosos de nuestro entorno. Sin embargo, tras las generaciones que han vivido bajo una tutela médica que nos proporciona protección (aunque ilusoria) contra las drogas peligrosas, no hemos logrado cultivar la confianza en nosotros mismos y la autodisciplina que debemos poseer como adultos competentes rodeados por los frutos de nuestra era fármaco-tecnológica.” (Szasz, 1992: 26).

[10] Jorge Barreiro, “La guerra (perdida) contra las drogas/1”, http://jorgebarreiro.wordpress.com/2010/05/07/la-guerra-perdida-contra-las-drogas1/.

[11] WHO, Life skills education for children and adolescents in schools, http://whqlibdoc.who.int/hq/1994/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdf

[12] Véase, por ejemplo, Crombag y Robinson (2004), y la sugestiva investigación de Morgan et al (2002). Ésta descubrió cómo la tendencia a la adicción a la cocaína variaba en función de la posición jerárquica de los macacos que fueron objeto de estudio (posición dominante o subordinada). Los monos dominantes tenían muchas menores probabilidades de desarrollar adicción.

[13] Antonio Escohotado, en el programa televisivo Carta Blanca de RTVE, 12/10/2006. http://www.rtve.es/alacarta/videos/carta-blanca/carta-blanca-antonio-escohotado/847649/

         Un buen ejemplo de una campaña preventiva enfocada en el uso responsable (en este caso, del alcohol) es la que llevó adelante durante el verano pasado la Junta Nacional de Drogas. Véase http://www.antel.com.uy/jnd/inicio/ y http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/campana-consumo-alcohol-jnd

Razones para apoyar (y criticar) la Ley de regulación de la marihuana

El Parlamento uruguayo se apresta a aprobar la Ley de regulación de la marihuana, lo que implicaría la legalización de la producción y el comercio de dicha planta (para usos psicoactivos y no psicoactivos) bajo determinadas condiciones. ¿Por qué apoyarla? ¿Qué lectura podemos hacer de esto desde una perspectiva de derechos humanos?

RememberProhibition

“¿Recuerdan la prohibición? Sigue sin funcionar.”

Que el prohibicionismo y la Guerra contra las Drogas, enarbolados desde comienzos del siglo XX por Estados Unidos y desde allí extendidos hacia el resto del mundo, han sido un rotundo fracaso (al menos en función de sus objetivos declarados) es algo reconocido hoy por la mayoría de los especialistas en el tema. Y, sin embargo, pese a este consenso académico, el paradigma represivo continúa siendo el hegemónico, a nivel general, en materia de políticas públicas, y sobre todo en materia de legislación; como si fuera una rara especie de zombie político, continúa vivo a pesar de estar muerto, causando todo tipo de estragos y de sufrimiento en la sociedad: desde los usuarios de drogas que caen presos por tener que romper las leyes[1] para poder ejercer sus derechos al consumo, hasta los usuarios que se ven arrojados al mercado negro con sus precios y calidades adulteradas, unos hacia arriba, otras hacia abajo, pasando por todos aquellos que de una u otra forma se ven perjudicados por las actividades mafiosas producto del narcotráfico. Sin embargo, es mi intención señalar los perjuicios y realizar la crítica del paradigma represivo desde otra perspectiva: la de los derechos humanos.

Si consideramos que el marco filosófico en el que se sustenta nuestro orden jurídico y político es el liberal, debemos reconocer como uno de los derechos fundamentales de las personas el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a procurarse los medios necesarios para su subsistencia, con la única salvedad de no perjudicar, en dicha búsqueda, el mismo derecho ajeno. He allí el fundamento liberal de la propiedad. Ahora bien, nada de esto tiene sentido si no consideramos un derecho más básico aún (y demasiado evidente como para que ni siquiera necesite ser explicitado): el de la autopropiedad. Cada persona es propietaria exclusiva de su cuerpo, y a ella y sólo a ella le compete decidir sobre éste. O, dicho de una forma más sencilla y directa por Antonio Escohotado:

De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano, y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país.

El Estado, aquí, sólo debería encargarse de que nada ni nadie impida el goce de este derecho a la autopropiedad.

Resulta evidente que el paradigma represivo es un atentado directo a este derecho. A él se le vino a sumar un paradigma medicalizador, donde el usuario de drogas no sería ya un delincuente sino un enfermo necesitado de tratamiento médico, pero en materia de legislación se superponen ambos y el resultado, desde el punto de vista de los derechos individuales, es el mismo: el Estado se arroga la potestad de imponernos qué consumir y qué no, qué hacer y que no con nuestros cuerpos, violando nuestro derecho a la autopropiedad.

En este sentido, la víctima del prohibicionismo (y la medicalización) en materia de drogas es la sociedad toda, pues todos nos vemos despojados del derecho humano más elemental.[2]

¿Podemos ubicar la ley de regulación de la marihuana dentro de la perspectiva liberal tal como fue explicada? Difícilmente. Yo la consideraría más bien una flexibilización o liberalización del paradigma medicalizador. Creo que es un paso que hay que aplaudir y respaldar, puesto que reconoce los errores del prohibicionismo y abre la puerta a nuevos cambios de mentalidad y relaciones con las drogas. El hecho de que se contemple la educación en la prevención de sus usos problemáticos es también algo a destacar, siendo uno de los elementos claves en el desarrollo de vínculos saludables, entre las personas y con las sustancias.

Quizás el aspecto más criticable de la ley sean los registros que se establecerán por parte del Estado de usuarios y cultivadores. Hay quienes ven en esto una profundización de las funciones policiales del Estado, y razón no les falta. Esta tutela estatal resulta molesta, innecesaria e ilegítima desde la perspectiva de derechos humanos; pero parece ser el precio, de momento, que hay que pagar para la apertura parcial de este sistema.

Todas estas ambivalencias revelan justamente las contradicciones, los choques de paradigmas que se manifiestan dentro y fuera del texto legal, el cual no es sino otro campo de batalla en el cual combatir en pos de recuperar nuestras libertades perdidas. Pues no se trata de otra cosa: una ley que dista muchísimo de la perfección, pero que ofrece al menos una posibilidad de profundizaciones futuras, tanto a nivel legal como, sobre todo, cultural. Creo que de aquí en más hay que apostar precisamente a dicho cambio cultural, rechazando el lenguaje de los adversarios y adoptando el nuestro propio; rechazando los discursos policiales y médicos, y enarbolando uno centrado en las libertades individuales, que tenga como horizonte la liberalización total de todas las drogas, en un marco de libre producción y mercado.

¿Por qué deseamos drogas? Básicamente por las mismas razones por las que deseamos otros bienes. Deseamos drogas para mitigar nuestros dolores, curar nuestras enfermedades, acrecentar nuestra resistencia, cambiar nuestro ánimo, colocarnos en situación de dormir, o simplemente sentirnos mejor, de la misma manera que deseamos bicicletas y automóviles, camiones y tractores, escaleras y motosierras, esquíes y columpios, para hacer nuestras vidas más productivas y más agradables. Cada año, decenas o miles de personas resultan heridas y muertas a consecuencia de accidentes asociados con el uso de tales artefactos. ¿Por qué no hablamos de «abuso del esquí» o de un «problema con las motosierras»? Porque esperamos que quienes usan dichos equipos se familiarizarán por sí mismos con su uso y evitarán herirse, a sí mismos o a otros. Si se lastiman a sí mismos asumimos que lo hacen accidentalmente, y tratamos de curar sus heridas. Si lastiman a otros por negligencia los castigamos mediante sanciones tanto civiles como penales. En vez de resolver, éstos son, brevemente, medios con los que tratamos de adaptarnos a los problemas que presentan potencialmente los aparatos peligrosos de nuestro entorno. Sin embargo, tras las generaciones que han vivido bajo una tutela médica que nos proporciona protección (aunque ilusoria) contra las drogas peligrosas, no hemos logrado cultivar la confianza en nosotros mismos y la autodisciplina que debemos poseer como adultos competentes rodeados por los frutos de nuestra era fármaco-tecnológica.

Thomas Szasz, Nuestro derecho a las drogas


[1]    Leyes de dudosa constitucionalidad, si nos atenemos al texto del artículo 10 de la Constitución: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.” Al respecto, veáse este artículo.

[2]    Obviamente, el asesinato es una forma extrema de lo mismo.

Categorías:DDHH, Filosofía política

La democracia caníbal: aprendiendo filosofía con el senador Saravia

(publicado originalmente el 27 de octubre de 2010)

El senador Saravia ha dicho que se opone a la ley interpretativa que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad, por su “posición filosófica”. Ya que el senador Saravia ha planteado la discusión en términos filosóficos, hablemos en tales términos, y veamos donde nos conducen.

Saravia se ha parado en una posición filosófica muy clara: una que podríamos llamar “rousseaunianismo radical”. Es decir, que “la voluntad del pueblo”, o la “voluntad general” emite “decisiones soberanas” por encima de las cuales no existe ninguna autoridad; ella sería la autoridad última, o legítima en última instancia.

El senador adopta así una de las muchas acepciones que tiene el concepto “democracia”, concepto que a lo largo de la historia ha sufrido innumerables vicisitudes: en época de Rousseau y de la Revolución Francesa, era una mala palabra; hoy en día, parece ser una palabra sagrada.

El concepto particular de democracia (porque si algo lo caracteriza hoy, es su enorme polisemia) que defiende Saravia es, a mi juicio, una de las tantas formas que puede adquirir una “democracia radical”. Y con su defensa, ha (re)planteado, ha reeditado, una vieja polémica que se arrastra en el mundo de la teoría política (es decir, de la filosofía) occidental desde por lo menos el siglo XVIII: la oposición irresoluble entre liberalismo y democracia o, por decirlo así, entre Locke y Rousseau.

¿Cuál es esta polémica? Básicamente, gira en torno a la cuestión siguiente: suponiendo que existe algo llamado “pueblo”, capaz de manifestar una “voluntad general” y de emitir “decisiones soberanas” sobre sí mismo, ¿hay algún límite para el alcance de tales decisiones?

El liberalismo político dirá que sí, que los derechos y las garantías individuales y, luego, los derechos humanos, están por encima, están fuera del alcance de las decisiones que pueda tomar “el pueblo”. No es más, como decía, que la clásica formulación de Locke: “el pueblo” delega su poder en un soberano (en rigor, un representante de la soberanía popular), a condición de que éste respete ciertos derechos inherentes a las personas que lo componen (derechos cuya lista no ha cesado de ampliarse y revisarse desde aquel entonces). Cuando esa condición es rota por el representante, se “activa” el derecho a la rebelión de los representados. Para ver una clara y clásica puesta en práctica de esta ideología, baste leer la Declaración de Independencia de los trece Estados Unidos de América.

Ahora bien, volvamos a la postura filosofíca del senador Saravia. Es una postura, huelga decirlo, claramente anti-liberal. Es una postura que, llevada a sus consecuencias lógicas, avala la elección (sin duda legal) del partido nazi durante la República de Weimar, y de la misma manera avala las violaciones a los derechos humanos que se encuentran protegidas por la Ley de Caducidad.Es decir, es una postura que considera legítimo que una sociedad (de nuevo, formulada a través del concepto de “pueblo”, harto discutible y todo un problema filosófico en sí), delimitada, creada, en este caso, por un Estado (1), decida privar del derecho (positivo o natural) más básico de todos a una parte de sí misma: el derecho a la vida. y junto con él, privar a esa parte de otros derechos, apenas menos básicos y subsidiarios de aquél.

Para decirlo más crudamente: ¿qué diferencia filosófica hay entre la posible legitimidad de la elección democrática del partido nazi, un partido político que explícitamente proponía liquidar a una parte del “pueblo” sobre el que pretendía gobernar, y la posible legitmidad, también refrendada por una “decisión popular y soberana”, de la Ley de Caducidad, una ley que ampara la privación de esos mismos derechos a una parte de la sociedad sobre la cual se ha legislado?

Ese es el drama del fenómeno fascista: la novedad de su forma de opresión, inconcebible antes del siglo XX. Alexis de Tocqueville lo exponía así en su obra La democracia en América, publicada entre 1835 y 1840, revelando esta misma incapacidad de pensar más allá de las categorías disponibles en la época en que él pensaba, amén de varias agudas observaciones más:

“(…) el tipo de opresión que amenaza a las naciones democráticas es diferente de cualquier cosa que jamás haya existido en el mundo: nuestros contemporáneos no encontrarán ningún prototipo de él en su memoria. Yo mismo estoy tratando de elegir una denominación que exprese adecuadamente la idea completa que me he hecho de él, pero es en vano: las viejas palabras “despotismo” y “tiranía” son inapropiadas, la cosa en sí misma es nueva, y desde el momento en que no puedo nombrarla, debo intentar definirla.” (2) 

El drama fascista: una forma de democracia, “radical” por su extremismo, que no conoce límites para el alcance de las “decisiones del ‘pueblo’ “. Una democracia caníbal.

Que quede claro que en mi argumentación he sido absolutamente sincero: no pretendo descalificar la posición filosófica del senador Saravia apelando al falaz recurso del reductio ad Hitlerum, sino plantear, a mi modo de ver, la discusión filosófica y política en sus términos más desnudos.

Por supuesto, en un marco político auténticamente liberal, el partido nazi habría sido ilegalizado y reprimido, de la misma forma en que, en el mismo marco, la Ley de Caducidad tampoco podría haber sobrevivido.

————–

(1) Como dice Ignacio Lewkowicz, lo que hace que un pueblo sea un pueblo es el hecho de estar sometido a las mismas leyes.

(2) El texto continúa así: “Intento trazar los nuevos rasgos con los cuales el despotismo puede aparecer en el mundo. La primera cosa que llama la atención del observador es una innumerable multitud de hombres, todos iguales y similares, esforzándose incesantemente por procurarse los insignificantes y mezquinos placeres con los cuales sacian sus vidas. Cada uno de ellos, al vivir separado, es como un extraño respecto del destino de los demás, pues sus hijos y sus amigos personales constituyen para él la totalidad de la humanidad. En cuanto al resto de sus conciudadanos, está junto a ellos pero no los ve; los toca, pero no los siente, y si bien sigue manteniendo vínculos con sus parientes, se puede decir que en todo sentido ha perdido a su país.

Sobre esta raza de hombres se yergue un poder inmenso y tutelar, el cual asume por sí mismo la tarea de garantizar sus gratificaciones y cuidar de su suerte. Ese poder es absoluto, minucioso, regular, providente y blando. Sería como la autoridad de un padre si, al igual que dicha autoridad, su propósito fuera preparar a los hombres para la madurez; pero, por el contrario, se propone mantenerlos en una infancia perpetua: está muy satisfecho de que el pueblo se regocije, siempre que no piense más que en regocijarse. Para su felicidad es que dicho gobierno trabaja de buen grado, pero elige ser el único agente y el único árbitro de esa felicidad: se ocupa de su seguridad, prevé y cubre sus necesidades, facilita sus placeres, se hace cargo de sus preocupaciones principales, dirige su industria, regula la transmisión de la propiedad y subdivide sus herencias. ¿Qué resta, si no que los libere de toda la preocupación de pensar y de todo el problema de vivir?

Así, hace que cada día el ejercicio del libre albedrío humano sea menos útil y menos frecuente; circunscribe la voluntad a un círculo más estrecho y gradualmente despoja al hombre de todas sus prerrogativas. El principio de la igualdad ha preparado a los hombres para estas cosas: los ha predispuesto para soportarlas y, a menudo, para considerarlas un beneficio.

Tras haber apresado con éxito a cada miembro de la comunicad en sus poderosas garras y haberlo moldeado a su voluntad, el poder supremo existe su brazo sobre toda la comunidad. Cubre la superficie de la sociedad con una red de pequeñas y complicadas reglas, minuciosas y uniformes, a través de la cual no pueden penetrar las mentes más originales y los caracteres más enérgicos, para alzarse sobre la multitud. No se rompe la voluntad del hombre, sino que se ablanda, se la tuerce y se la guía: muy pocas veces se fuerza a los hombres a actuar, pero constantemente se les impide hacerlo; un poder tal no destruye, sino que impide la existencia; no tiraniza, sino que oprime, enerva, extingue y estupidiza al pueblo, hasta que cada nación queda reducida a no ser más que una manada de animales tímidos e industriosos, de la que el gobierno es el pastor.”

Véase: ¿Es la igualdad enemiga de la libertad?, por Robert Dahl.

Pedro Bordaberry, el fascismo nuestro de todos los días

Dice el senador Pedro Bordaberry:

‎”El Frente pone énfasis en proteger los derechos del delincuente. Nosotros decimos que hay que proteger a la sociedad. Son los derechos de los ciudadanos los que deben defenderse.” (1)

El historiador Robert Paxton, en su obra “Anatomía del fascismo”, dice:

” ‘Prescindir de instituciones libres’, especialmente de las libertades de grupos impopulares, les resulta periódicamente atractivo a los ciudadanos de las democracias occidentales (…). Sabemos, por haber seguido su rastro, que el fascismo no precisa de una ‘marcha’ espectacular sobre alguna capital para arraigar; basta con la decisión aparentemente anodina de tolerar un trato ilegal de los ‘enemigos’ de la nación.” (2)

El discurso de Bordaberry es muy claro analizado a través de estos conceptos. De él se desprende que los delincuentes están por fuera de la sociedad y de la ciudadanía; no son parte de la sociedad, no son ciudadanos: son “delincuentes”, y son “enemigos de la sociedad”. He ahí el fascismo que destila el senador, y que destilan miles y miles de otras personas que piensan igual al respecto del tema en cuestión. Porque Bordaberry no es sino el emergente político de ese sentimiento fascista que se encuentra disperso en grandes sectores de la sociedad.

Este es, por ende, el punto donde hay que atacar, este es el nervio del fascismo, esto es lo innegociable, esto lo que no se puede tolerar.

—–

(1) http://www.elpais.com.uy/110619/pnacio-574056/nacional/-no-voy-a-construir-una-carrera-politica-criticando-a-mi-padre-/

(2) Paxton, Robert, Anatomía del fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Capítulo 7.

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