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Drogas: prevención y libertad

¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etc, entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar: otro asumirá por mi tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligrosos para la mayoría de los hombres (y entre ellos todo el bello sexo). Después de haber entontecido a sus animales domésticos, y procurar cuidadosamente que estas pacíficas criaturas no pueda atreverse a dar un paso sin las andaderas en que han sido encerrados, les muestran el peligro que les amenaza si intentan caminar solos. Lo cierto es que este peligro no es tan grande, pues ellos aprendería a caminar solo después de cuantas caídas: sin embargo, un ejemplo de tal naturaleza les asusta y, por lo general, les hace desistir de todo intento.

Immanuel Kant, ¿Qué es la Ilustración?, 1784

Un análisis de diversas investigaciones llevadas a cabo en la última década, en varias regiones del mundo, acerca de la eficacia de diferentes estrategias de prevención en usos problemáticos de drogas en la enseñanza media arroja resultados muy interesantes.[1]

Encontramos en ellos altos grados de coincidencia respecto a qué funciona y qué no a la hora de encarar la prevención en dicho tema. Centrarse en las sustancias, en los aspectos químicos y biológicos, resulta una casi segura receta para el fracaso. Las estrategias eficaces se basan en colocar en el centro a los sujetos y los vínculos que los sujetos establecen consigo mismos, entre sí, con el mundo que los rodea y (a veces marginalmente) con las sustancias. Deben ser abordajes contextualizados y dinámicos, donde los adolescentes tengan importantes espacios de participación. En contrapartida, resulta conveniente descartar la mera transmisión pasiva de información, en especial cuando está enfocada en las consecuancias negativas del consumo. Peor aún, a la hora de evaluar la eficacia de la prevención, es apelar al miedo y a la demonización de las sustancias; probablemente no haya nada que dé menos resultados positivos que un discurso alarmista (y simplificador) como “la droga mata” o “simplemente di no”.

Si nos detenemos a reflexionar sobre estas constataciones, podremos apreciar fácilmente no solo una oposición de discursos o de estrategias para abordar la prevención; lo que aquí vemos enfrentados son paradigmas sobre las drogas y nuestra relación con ellas -paradigmas que son la base, justamente, de dichas estrategias divergentes. Llamaremos “represivo” o “prohibicionista” a uno de ellos, y “vincular” a otro.[2]

El paradigma represivo y la crítica liberal

Es ya un lugar común la afirmación de que que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado.[3] Esta política global, fuertemente impulsada por Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XX (con importantes antecedentes en décadas previas), no ha cumplido ninguno de sus objetivos. Como reseña el referido informe,

los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas orientadas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales, han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo. Las aparentes victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi instantáneamente por la emergencia de otras fuentes y traficantes. Los esfuerzos represivos dirigidos a los consumidores impiden las medidas de salud pública para reducir el VIH/SIDA, las muertes por sobredosis, y otras consecuencias perjudiciales del uso de drogas. Los gastos gubernamentales en infructuosas estrategias de reducción de la oferta y en encarcelamiento reemplazan a las inversiones más costo-efectivas y basadas en la evidencia orientadas a la reducción de la demanda y de los daños. (p.2)

La guerra contra las drogas ha sido, quizás, la manifestación más acabada del paradigma represivo. En ella se aúnan el prohibicionismo moralizante, la criminalización de actividades que no entrañan per se perjuicio alguno para la sociedad, una opción decidida por la reducción de la oferta y una forma brutal de concebir la reducción de la demanda, y la fetichización de la sustancia. Analicemos y critiquemos suscintamente estos pilares conceptuales del paradigma en cuestión.

Cocaine_for_kids

Publicidad de cocaína para el dolor de muelas en niños, Estados Unidos, 1885.

El fundamento de la prohibición entraña una determinada escala de valores. Se demonizan las sustancias prohibidas,[4] así como a aquellos que se ven involucrados en las más diversas actividades con estas, desde los narcos más poderosos (y así tenemos, por ejemplo, a un Pablo Escobar “Patrón del Mal”, según una popular telenovela colombiana) hasta los usuarios más ignotos, todos ellos catalogados uniformemente bajo el estigmatizante epíteto de “drogadictos”. Construida esta encarnación del mal, establecida esta escala de valores (que, recordemos, aún a principios del siglo XX era novedosa en un mundo donde las farmacias vendían libremente y personas de todas las clases sociales consumían sin mayores inconvenientes cocaína, heroína, marihuana y morfina, entre otras drogas), se vuelve una cuestión de sentido común prohibir la producción, comercialización e incluso el consumo, y consecuentemente perseguir y castigar a quienes realicen cualquiera de esas cosas.

Esta criminalización ha introducido en nuestros sistemas legales un principio reñido con la matriz liberal de la que son producto. Uno de los fundamentos de la legalidad liberal es que toda acción privada de las personas, que no constituye un perjuicio para otras, es asunto exclusivo de cada una.[5]

Como toda la arquitectura de la filosofía liberal, este principio se sustenta en su derecho más elemental, su auténtica clave de bóveda: el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a procurarse los medios necesarios para su subsistencia, con la única salvedad de no perjudicar, en dicha búsqueda, el mismo derecho ajeno. He allí el fundamento liberal de la propiedad.

Ahora bien, nada de esto tiene sentido si no consideramos un derecho más básico aún (y demasiado evidente como para que ni siquiera necesite ser explicitado): el de la autopropiedad. Cada persona es propietaria exclusiva de su cuerpo, y a ella y sólo a ella le compete decidir sobre éste. O, expresado de una forma más sencilla y directa por Antonio Escohotado: “de la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano, y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país.” (Escohotado, 2006: 7)

El objetivo de todo esto es establecer el límite del poder estatal sobre nuestras personas. Dicho límite viene dado por el rol que el liberalismo clásico (desde John Locke en adelante) le asigna al Estado. En esta concepción, éste es la institución encargada de velar por nuestros derechos, derechos que son previos a la existencia del propio Estado (hoy los llamamos “derechos humanos”) y que éste no puede no reconocer (bajo el riesgo de caer en la tiranía y, por tanto, en la ilegitimidad).

Sin embargo, la criminalización de la producción, comercio y uso de drogas es un ataque frontal a los fundamentos liberales de los sistemas jurídicos de Occidente y, de hecho, los ha minado hasta un nivel que debería alarmarnos, puesto que el Estado se arroga la potestad de imponernos qué consumir y qué no, es decir, qué hacer y qué no con nuestros cuerpos, violando nuestro derecho a la autopropiedad.[6]

Esto es lo que lleva a un autor como Thomas Szasz a plantear que actualmente los gobiernos han pasado, al menos en teoría, de ser nuestros sirvientes a ser nuestros señores, en el marco de un Estado terapéutico que sería, por eso mismo, un Estado totalitario. (Szasz, 1992: 203)

Al construir a las drogas como un problema que debe ser solucionado, el prohibicionismo elabora una serie de estrategias económico-políticas para librar esa lucha. Como fue señalado, en primer lugar existe un énfasis en la reducción de la oferta, que se traduce no sólo en la prohibición misma, sino en acciones directas contra las propias sustancias, con resultados sociales a menudo terribles. Así es como se ha preferido combatir a las drogas atacando, por ejemplo, al que quizás sea el eslabón más débil dentro de la cadena de la oferta: la producción en algunos países del tercer mundo. Los casos de los países andinos, especialmente Colombia y Bolivia, son quizás los más claros para observar cómo la represión la terminan sufriendo con mayor intensidad los campesinos que se dedican al cultivo de la hoja de coca, viendo acentuada su miseria y la precariedad de su subsistencia.[7]

A esta forma de reducción de la oferta se le suma una forma muy particular de entender la reducción de la demanda, igualmente represiva, y consistente en despojar de derechos/libertades a los usuarios, ya sea considerándolos enfermos o delincuentes y pasibles, por lo tanto, de procedimientos penales o médicos contra su voluntad.

Todos los datos de que disponemos muestran la absoluta ineficacia de esta estrategia para reducir el uso de drogas ilegales con fines recreativos, que no ha hecho más que aumentar.[8] Podemos colegir que hay un error fundamental en poner el foco en la oferta, cuando ésta depende básicamente de la demanda. Y la demanda, si bien se retroalimenta con la oferta, suele tener otras causas, que escapan a las meras consideraciones económicas.[9]

En suma, las estrategias basadas en la reducción de la oferta y la demanda parten del supuesto de que las drogas son un problema o, mejor dicho, que los problemas que involucran a las drogas necesariamente se explican por ellas. Esto nos conduce directamente a la cuestión de la fetichización de las sustancias.

Como acertadamente señala Jorge Barreiro,

La idea de que algunas sustancias son intrínsecamente dañinas, que su atributo sería causar el mal o la enfermedad y que no serían susceptibles de usos benéficos, es relativamente reciente, de principios del siglo XX. Hasta entonces las sociedades convivieron con el consumo de drogas sin mayores problemas. Para los antiguos griegos, por ejemplo, el concepto de phármakon (entre otros, la cerveza, el vino, el cáñamo y el opio) podía ser un veneno o una medicina, representar tanto una cura como un peligro: los daños o beneficios de los phármakon residían exclusivamente en el uso que el ciudadano adulto hiciera de los mismos.

Hubo que esperar a una era como la nuestra, en la que los objetos adquirieron el carácter de fetiches dotados de vida propia, de los que ha desaparecido cualquier rastro de las relaciones humanas que los han engendrado, para que las cosas se invirtieran radicalmente. Ese fetichismo atribuye a las cosas propiedades intrínsecas, a los que ningún individuo podría sustraerse. La única posibilidad de romper con esa fatal determinación sería prohibiendo el uso de la cosa intrínsecamente perversa. [10]

El absurdo del fetiche cae por su propio peso. Sólo conocemos una cosa en el universo que posea voluntad (y que, por lo tanto, pueda ser responsabilizada por sus acciones), y esa cosa somos los seres humanos. Así como ningún arma ha matado jamás a nadie, ninguna droga tampoco lo ha hecho: son las personas que utilizan armas, o drogas, quienes matan a otras personas o se matan a sí mismas. Es en el tipo de uso que alguien le da a un objeto inanimado donde debemos buscar las responsabilidades correspondientes, no en los objetos inanimados, que son simples medios para las acciones humanas.

Sin embargo, las consecuencias que ha traído este absurdo respecto a las drogas son profundas y difíciles de evaluar en todo su alcance. Quizás la más grave de ellas ha sido, nuevamente, un recorte en nuestra capacidad de autonomía, pues la voluntad que el fetiche nos quita a los humanos se la otorga a las sustancias.

¿Qué lugar ocupan, entonces, las personas en el esquema del paradigma represivo? Si conectamos los puntos, aparece una concepción de los individuos como irresponsables, como menores de edad que deben ser protegidos no sólo de los demás, sino, muy especialmente, de ellos mismos. En suma, lo que este paradigma le propone a las personas (y efectivamente lo ha hecho) es renunciar a parcelas de su libertad a cambio de mayor seguridad -una fórmula que históricamente se ha mostrado muy peligrosa.

Apuntes sobre el paradigma vincular

Como se desprende de la crítica al paradigma represivo, otro que permita actuar con mayor eficacia debe partir de supuestos diferentes. Esto es lo que hace, entre otros, el que hemos llamado paradigma vincular que, como su nombre lo indica, desplaza el centro de la atención de las sustancias a los vínculos.

Siguiendo a Pichon-Rivière, consideraremos el vínculo como “una estructura compleja de fenómenos emocionales, afectivos, y comunicacionales, concientes e inconcientes que incluyen un sistema transmisor receptor, un mensaje, un canal, signos, símbolos y ruido” (Fernández Romar, 2000: 77).

Como Juan Fernández señala, a la hora de abordar los problemas que invlucran a las drogas, “todo depende del vínculo que la persona establezca con la(s) sustancia(s) y el sentido que le asigne a la droga en su vida” (ídem). Esto nos lleva a aspectos más amplios de la cuestión, en particular las formas de vinculación que las personas desarrollan con otras personas, en su vida pública y privada, y con el mundo que las rodea en general.

He aquí uno de los puntos fuertes en los que coinciden las investigaciones que mencionaba al principio. A la hora de prevenir usos problemáticos de drogas, al menos entre la población adolescente que concurre a sistemas formales de enseñanza, no suele ser tan importante (o eficaz) trabajar sobre los vínculos que establezcan concretamente con las sustancias, como trabajar sobre los aspectos más generales que hacen a los vínculos.

Esto se puede relacionar con otra conclusión que se desprende del análisis de dichas investigaciones, a saber, la conveniencia del desarrollo de las llamadas habilidades para la vida, “un grupo de habilidades psicosociales cuyo desarrollo resulta relevante para personas de todas las edades y de los más diversos contextos socioeconómicos” tal como las define la Organización Mundial de la Salud.[11] Entre ellas encontramos el conocimiento de sí mismo, la comunicación efectiva o asertiva, el manejo de emociones y sentimientos, la toma de decisiones, la resolución de problemas y conflictos, etc.

Uno de los fundamentos más firmes que sostiene esta estrategia es la constatación de que los usos que suelen dar las personas a las drogas, y aún los efectos que éstas causan en sus organismos, dependen en buena medida de los ambientes en que desarrollan sus vidas cotidianas, incluyendo aquí, por supuesto, los ambientes sociales.[12]

 Esto implica destronar a “la droga” de su lugar de privilegio a la hora de analizar y actuar sobre sus usos problemáticos. Como incisivamente afirma Escohotado, las razones por las que las personas caen en dependencias y en abusos de sustancias, no son diferentes de las razones por las que caen en dependencias sociales, sentimentales o de cualquier otro tipo (Escohotado, 2006:28).

Pensando esto a través de las variables oferta y demanda (como vimos más arriba), se trataría de trabajar sobre las causas de la demanda para lograr su reducción. Yendo un paso más allá, podríamos incluso considerar que este paradigma nos permite superar el enfoque oferta-demanda (que por su aspecto economicista puede rechinar en los ámbitos de la salud y educativo), al apuntar a reducir los usos problemáticos y no necesariamente la demanda per se.

Entonces, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la droga en este paradigma? Creo que lo más acertado es recuperar el concepto de pharmakon, tal como Barreiro lo traía a colación, seguramente siguiendo los pasos del propio Escohotado, quien lo ha analizado con minuciosidad en varios de sus libros. Pharmakon designaba a una sustancia que es en sí, al mismo tiempo, remedio y veneno, convirtiéndose en uno o en otro únicamente a partir del uso que la persona le dé (incluyendo, por ejemplo, formas y tiempos de administración, características fisiológicas y/o mentales del individuo y, sobre todo, dosis).

Esto nos conduce directamente al núcleo del nuevo problema que se plantea: una persona sólo podrá usar eficazmente una sustancia de acuerdo a sus necesidades o deseos si cuenta con el conocimiento necesario para ello.

Prevención y libertad

 ¿Cuál debe ser el fundamento teórico de los programas y estrategias de prevención en los usos problemáticos de drogas? Llegados a este punto, las opiniones científicas vertidas en los artículos referidos son cada vez más opiniones y cada vez menos científicas, entendiendo esto en el sentido de ideológicas, y entendiendo la ideología en un sentido no peyorativo.

En consonancia con el enfoque liberal que defiendo en este escrito, considero que la mejor estrategia educativa para abordar la prevención en materia de drogas (y mejor no sólo por sus aspectos sanitarios, sino además por la práctica de la libertad que ella entraña), consiste en el uso responsable. Démosle la palabra una vez más a Escohotado:

Toda prevención que queramos enseñar a nuestros hijos será ineficaz si no es una prevención calculada para el uso, en vez de para la abstemia. Por la misma razón, no podemos conceder permiso de conducir una avioneta o un coche más que sabiendo conducir la avioneta o el coche.[13]

Ahora bien, la responsabilidad es hija de la libertad, y ésta sólo es posible a través del conocimiento: del mundo, de la “realidad externa” y de los demás, pero sobre todo de uno mismo.

El enfoque desde la prohibición, el enfoque represivo, es uno que les niega responsabilidad y autonomía (pues les niega libertad) a las personas, y por eso las considera menores de edad, al decidir por ellas qué se debe y qué no se debe hacer, es decir, qué es lo correcto. Junto con lo permitido (lo legal) viene toda una carga moral y ética -pero se trata de una moral y de una ética ajenas, que no han pasado por la reflexión y la crítica personal del sujeto: que no han sido su elección.

Ojalá estuviera diciendo algo nuevo. Sin embargo, me estoy limitando a adaptar lo que ya escribió (y denunció) Immanuel Kant hace casi dos siglos y medio al responder ¿Qué es la Ilustración? y que, lamentablemente, parece escrito ayer por la mañana.

Kant, viejo antagonista intelectual de los absolutismos monárquicos y del pensamiento, sabía a la perfección que ser tratado como un menor de edad implica algunos beneficios, los cuales pueden resumirse en uno: la irresponsabilidad. Si otros eligen por mí, no puedo ser considerado responsable por mis acciones. No obstante, ese beneficio tiene un costo gigantesco, y es la pérdida de la libertad (y su correlato, el aumento desproporcionado del poder de aquellos que deciden por nosotros).

Ahora bien, educar para la libertad y para la responsabilidad implica manejarse con conocimientos certeros y lo más objetivos posibles. Implica el esfuerzo por despojarse de prejuicios que los distorsionen o, cuando ello no es posible (si acaso lo es), tener conciencia de cuáles son los fundamentos teóricos y filosóficos sobre los que descansan nuestras acciones. En pocas palabras, implica honestidad intelectual y respeto por el otro.

A modo de ejemplo, cuando mencionaba que el paradigma vincular abre la posibilidad de pensar más allá de la reducción de la demanda, está claro que avanzar por ese camino y detenerse en la reducción de los usos problemáticos de drogas como un objetivo de la prevención y de la educación no es nada más (y nada menos) que una opción de método y de filosofía. Perfectamente podemos recorrer ese camino hasta el final, y plantear así que el objetivo debería ser la formación de sujetos autónomos, libres, que tengan el valor de servirse de su propia razón y que, en consecuencia, hagan lo que les plazca con sus cuerpos -aún usar drogas en forma problemática.

La elección es, debería ser, nuestra.

Bibliografía

Arco Tirado y Fernández Castillo (2001). Por qué los programas de prevención no previenen. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud/ International Journal of Clinical and Health Psychology, 2(2), 209-226.

Barreiro, J. (2010). La guerra (perdida) contra las drogas 1/, http://jorgebarreiro.wordpress.com/2010/05/07/la-guerra-perdida-contra-las-drogas1/.

Botvin, G., & Griffin, K. (2007). School-based programmes to prevent alcohol, tobacco and other drug use. International Review of Psychiatry, 19(6), 607-615.

Byrne, D. G., & Mazanov, J. (2005). Prevention of adolescent smoking: A prospective test of three models of intervention. Journal of Substance Use, 10(6), 363–374.

Chakravarthy, B., Shah, S., & Lotfipour, S. (2013). Adolescent drug abuse – awareness & prevention. Indian Journal of Medical Research, 137, 1021-1023.

Comisión Global de Políticas de Drogas (2011). Guerra a las drogas, http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Global_Commission_Report_Spanish.pdf

Crombag, H., & Robinson, T. (2004). Drugs, environment, brain, and behavior. Current Directions in Psychological Science, 13(3), 107-111.

Fernández Romar, J. (2000). Los fármacos malditos. Montevideo: Nordan.

Escohotado, A. (2006). Aprendiendo de las drogas: usos, abusos, prejuicios y desafíos. Barcelona: Anagrama.

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Fernández, S., Nebot, M., & Jané, M. (2002). Evaluación de la efectividad de los programas escolares de prevención del consumo de tabaco, alcohol y cannabis: ¿Qué nos dicen los meta-análisis? Revista Española de Salud Pública3, 175-187. Disponible en: http://rodas.us.es/file/995dca39-3d35-5326-a14f-5abcd5244b39/2/manual_elaboracion_SCORM.zip/pagina_01.htm

Kant, I. (1784), Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, http://geografiaunal.files.wordpress.com/2013/01/kant_ilustracion.pdf

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Morgan, D., Grant, K., Gage, D., Mach, R., Kaplan, J., Prioleau, O., & Nader, M. (2002). Social dominance in monkeys: dopamine d2 receptors and cocaine self-administration. Nature Neuroscience, 5(2), 169-174.

Pokhrel, P., Sussman, S., Rohrbach, L. A., & Sun, P. (2007). Prospective associations of social self-control with drug use among youth from regular and alternative high schools. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 2(22).

Sánchez Martínez, F. (2009). Evaluación de proceso del programa escolar de prevención del consumo de cannabis en adolescentes de Barcelona en 2006.

Szasz, T. (1992). Nuestro derecho a las drogas. Barcelona: Anagrama.

World Health Organization (1993). Life skills education for children and adolescents in schools, http://whqlibdoc.who.int/hq/1994/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdf


[1]   Arco Tirado y Fernández Castillo (2001), Botvin, G., & Griffin, K. (2007), Fernández, S., Nebot, M., & Jané, M. (2002), Pokhrel, P., Sussman, S., Rohrbach, L. A., & Sun, P. (2007), Chakravarthy, B., Shah, S., & Lotfipour, S. (2013), Byrne, D. G., & Mazanov, J. (2005), entre otras.

[2]   No son, por supuesto, los únicos paradigmas existentes. Fernández Romar (2000: 95-133) enumera y describe otros modelos: médico-sanitario, psico-social, sociocultural, geopolítico, etnobotánico y (especialmente) holográfico.

[3]   Véase, por ejemplo, el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas de junio de 2011, http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Global_Commission_Report_Spanish.pdf

[4]   Quizás el ejemplo pionero, por su difusión mediática, haya sido la película Reefer Madness (Louis J. Gasnier, 1936).

[5]   Como la Constitución uruguaya establece, en su artículo 10º: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.”

[6]   El siguiente ejemplo del Dr. Thomas Szasz es más que elocuente: “Supongamos el siguiente argumento imaginario. Don, un viudo retirado de sesenta y tantos años, vive solo en un barrio residencial. Tiene muchos amigos, goza de buena salud y seguridad económica, y no tiene personas a su cargo. Su hobby es la jardinería en un invernadero anexo a su casa. Siendo un genio en el cultivo, su hogar rebosa de plantas exóticas y flores frescas, y sus tomates son legendarios. Imaginemos además que Don, una persona audaz y emprendedora, adquiere algunas semillas de marihuana, coca y adormidera, las siembra en su invernadero, alimenta los brotes hasta conseguir plantas maduras, las cosecha y produce algo de marihuana, hojas de coca y opio en bruto. Muy dado a la privacidad, Don ni siquiera tolera una asistenta para la limpieza en su casa, aunque bien podría permitírsela económicamente. Por tanto, no hay modo de que nadie, legalmente, tenga conocimiento de su pequeña granja narcótica. Finalmente, supongamos que cierta tarde de sábado, estando solo en su casa, Don fuma un poco de marihuana, o masca algunas hojas de coca o mezcla algo de opio en polvo en su té de medianoche. ¿Qué ha hecho Don y cómo contemplan la legislación criminal y la legislación sobre salud mental su conducta? Poseer tierra y edificios es un derecho de propiedad básico. La privacidad, especialmente desde Griswold v. Connecticut y Roe v. Wade, es también un derecho básico. Así, Don ha ejercido simplemente algunos de sus derechos de propiedad y privacidad: su derecho a su tierra, a su casa y a los frutos de su trabajo en su propia casa. No ha despojado a nadie de su vida, su libertad o su propiedad. Aunque tiene en contra la sabiduría convencional y la desinformación médica, Don tampoco se ha dañado a sí mismo. Sin embargo, la ley penal americana le considera ahora culpable de posesión criminal y uso de substancias controladas e ilegales, mientras la legislación americana sobre salud mental le considera un paciente psiquiátrico que padece dependencia química, abuso de substancias, desórdenes de personalidad y otras aberraciones psicopatológicas aún no descubiertas. Más aún, estigmatiza a Don como persona mentalmente enferma, criminaliza su conducta como la de un maligno violador de la ley, le despoja de su casa, le impone una multa astronómica y le encarcela como delincuente peligroso; todo esto se considera ahora perfectamente legal y constitucional. En este punto es posible que el lector se pregunte cómo los juristas y magistrados del Tribunal Supremo reconcilian tales castigos aparentemente excesivos —y por lo mismo «crueles e inusuales»— con la Constitución.” (Szasz, 1992: 41)

[7]   En especial cuando estas acciones represivas (destrucción de cultivos, por ejemplo), financiadas y apoyadas logísticamente por Estados Unidos, se articulan, “hacen máquina”, con otras políticas represivas que tienen como objetivo el combate a grupos guerrilleros o a movimientos campesinos y sindicales.

[8]   Véase el ya citado el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, p. 4.

[9]   A esto apunta también el señalamiento, muy común, de la hipocresía de la política represiva estadounidense sobre países pobres del tercer mundo, al constatar que si hay producción (oferta) en esos países es en buena medida porque hay una demanda cada vez mayor dentro de los propios Estados Unidos.

       Por otro lado, cabe preguntarnos acerca de las causas de la demanda de drogas y el doble estándar moral del prohibicionismo. Démosle una vez más la palabra al dr. Szasz: “¿Por qué deseamos drogas? Básicamente por las mismas razones por las que deseamos otros bienes. Deseamos drogas para mitigar nuestros dolores, curar nuestras enfermedades, acrecentar nuestra resistencia, cambiar nuestro ánimo, colocarnos en situación de dormir, o simplemente sentirnos mejor, de la misma manera que deseamos bicicletas y automóviles, camiones y tractores, escaleras y motosierras, esquíes y columpios, para hacer nuestras vidas más productivas y más agradables. Cada año, decenas o miles de personas resultan heridas y muertas a consecuencia de accidentes asociados con el uso de tales artefactos. ¿Por qué no hablamos de «abuso del esquí» o de un «problema con las motosierras»? Porque esperamos que quienes usan dichos equipos se familiarizarán por sí mismos con su uso y evitarán herirse, a sí mismos o a otros. Si se lastiman a sí mismos asumimos que lo hacen accidentalmente, y tratamos de curar sus heridas. Si lastiman a otros por negligencia los castigamos mediante sanciones tanto civiles como penales. En vez de resolver, éstos son, brevemente, medios con los que tratamos de adaptarnos a los problemas que presentan potencialmente los aparatos peligrosos de nuestro entorno. Sin embargo, tras las generaciones que han vivido bajo una tutela médica que nos proporciona protección (aunque ilusoria) contra las drogas peligrosas, no hemos logrado cultivar la confianza en nosotros mismos y la autodisciplina que debemos poseer como adultos competentes rodeados por los frutos de nuestra era fármaco-tecnológica.” (Szasz, 1992: 26).

[10] Jorge Barreiro, “La guerra (perdida) contra las drogas/1”, http://jorgebarreiro.wordpress.com/2010/05/07/la-guerra-perdida-contra-las-drogas1/.

[11] WHO, Life skills education for children and adolescents in schools, http://whqlibdoc.who.int/hq/1994/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdf

[12] Véase, por ejemplo, Crombag y Robinson (2004), y la sugestiva investigación de Morgan et al (2002). Ésta descubrió cómo la tendencia a la adicción a la cocaína variaba en función de la posición jerárquica de los macacos que fueron objeto de estudio (posición dominante o subordinada). Los monos dominantes tenían muchas menores probabilidades de desarrollar adicción.

[13] Antonio Escohotado, en el programa televisivo Carta Blanca de RTVE, 12/10/2006. http://www.rtve.es/alacarta/videos/carta-blanca/carta-blanca-antonio-escohotado/847649/

         Un buen ejemplo de una campaña preventiva enfocada en el uso responsable (en este caso, del alcohol) es la que llevó adelante durante el verano pasado la Junta Nacional de Drogas. Véase http://www.antel.com.uy/jnd/inicio/ y http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/campana-consumo-alcohol-jnd

Razones para apoyar (y criticar) la Ley de regulación de la marihuana

El Parlamento uruguayo se apresta a aprobar la Ley de regulación de la marihuana, lo que implicaría la legalización de la producción y el comercio de dicha planta (para usos psicoactivos y no psicoactivos) bajo determinadas condiciones. ¿Por qué apoyarla? ¿Qué lectura podemos hacer de esto desde una perspectiva de derechos humanos?

RememberProhibition

“¿Recuerdan la prohibición? Sigue sin funcionar.”

Que el prohibicionismo y la Guerra contra las Drogas, enarbolados desde comienzos del siglo XX por Estados Unidos y desde allí extendidos hacia el resto del mundo, han sido un rotundo fracaso (al menos en función de sus objetivos declarados) es algo reconocido hoy por la mayoría de los especialistas en el tema. Y, sin embargo, pese a este consenso académico, el paradigma represivo continúa siendo el hegemónico, a nivel general, en materia de políticas públicas, y sobre todo en materia de legislación; como si fuera una rara especie de zombie político, continúa vivo a pesar de estar muerto, causando todo tipo de estragos y de sufrimiento en la sociedad: desde los usuarios de drogas que caen presos por tener que romper las leyes[1] para poder ejercer sus derechos al consumo, hasta los usuarios que se ven arrojados al mercado negro con sus precios y calidades adulteradas, unos hacia arriba, otras hacia abajo, pasando por todos aquellos que de una u otra forma se ven perjudicados por las actividades mafiosas producto del narcotráfico. Sin embargo, es mi intención señalar los perjuicios y realizar la crítica del paradigma represivo desde otra perspectiva: la de los derechos humanos.

Si consideramos que el marco filosófico en el que se sustenta nuestro orden jurídico y político es el liberal, debemos reconocer como uno de los derechos fundamentales de las personas el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a procurarse los medios necesarios para su subsistencia, con la única salvedad de no perjudicar, en dicha búsqueda, el mismo derecho ajeno. He allí el fundamento liberal de la propiedad. Ahora bien, nada de esto tiene sentido si no consideramos un derecho más básico aún (y demasiado evidente como para que ni siquiera necesite ser explicitado): el de la autopropiedad. Cada persona es propietaria exclusiva de su cuerpo, y a ella y sólo a ella le compete decidir sobre éste. O, dicho de una forma más sencilla y directa por Antonio Escohotado:

De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano, y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país.

El Estado, aquí, sólo debería encargarse de que nada ni nadie impida el goce de este derecho a la autopropiedad.

Resulta evidente que el paradigma represivo es un atentado directo a este derecho. A él se le vino a sumar un paradigma medicalizador, donde el usuario de drogas no sería ya un delincuente sino un enfermo necesitado de tratamiento médico, pero en materia de legislación se superponen ambos y el resultado, desde el punto de vista de los derechos individuales, es el mismo: el Estado se arroga la potestad de imponernos qué consumir y qué no, qué hacer y que no con nuestros cuerpos, violando nuestro derecho a la autopropiedad.

En este sentido, la víctima del prohibicionismo (y la medicalización) en materia de drogas es la sociedad toda, pues todos nos vemos despojados del derecho humano más elemental.[2]

¿Podemos ubicar la ley de regulación de la marihuana dentro de la perspectiva liberal tal como fue explicada? Difícilmente. Yo la consideraría más bien una flexibilización o liberalización del paradigma medicalizador. Creo que es un paso que hay que aplaudir y respaldar, puesto que reconoce los errores del prohibicionismo y abre la puerta a nuevos cambios de mentalidad y relaciones con las drogas. El hecho de que se contemple la educación en la prevención de sus usos problemáticos es también algo a destacar, siendo uno de los elementos claves en el desarrollo de vínculos saludables, entre las personas y con las sustancias.

Quizás el aspecto más criticable de la ley sean los registros que se establecerán por parte del Estado de usuarios y cultivadores. Hay quienes ven en esto una profundización de las funciones policiales del Estado, y razón no les falta. Esta tutela estatal resulta molesta, innecesaria e ilegítima desde la perspectiva de derechos humanos; pero parece ser el precio, de momento, que hay que pagar para la apertura parcial de este sistema.

Todas estas ambivalencias revelan justamente las contradicciones, los choques de paradigmas que se manifiestan dentro y fuera del texto legal, el cual no es sino otro campo de batalla en el cual combatir en pos de recuperar nuestras libertades perdidas. Pues no se trata de otra cosa: una ley que dista muchísimo de la perfección, pero que ofrece al menos una posibilidad de profundizaciones futuras, tanto a nivel legal como, sobre todo, cultural. Creo que de aquí en más hay que apostar precisamente a dicho cambio cultural, rechazando el lenguaje de los adversarios y adoptando el nuestro propio; rechazando los discursos policiales y médicos, y enarbolando uno centrado en las libertades individuales, que tenga como horizonte la liberalización total de todas las drogas, en un marco de libre producción y mercado.

¿Por qué deseamos drogas? Básicamente por las mismas razones por las que deseamos otros bienes. Deseamos drogas para mitigar nuestros dolores, curar nuestras enfermedades, acrecentar nuestra resistencia, cambiar nuestro ánimo, colocarnos en situación de dormir, o simplemente sentirnos mejor, de la misma manera que deseamos bicicletas y automóviles, camiones y tractores, escaleras y motosierras, esquíes y columpios, para hacer nuestras vidas más productivas y más agradables. Cada año, decenas o miles de personas resultan heridas y muertas a consecuencia de accidentes asociados con el uso de tales artefactos. ¿Por qué no hablamos de «abuso del esquí» o de un «problema con las motosierras»? Porque esperamos que quienes usan dichos equipos se familiarizarán por sí mismos con su uso y evitarán herirse, a sí mismos o a otros. Si se lastiman a sí mismos asumimos que lo hacen accidentalmente, y tratamos de curar sus heridas. Si lastiman a otros por negligencia los castigamos mediante sanciones tanto civiles como penales. En vez de resolver, éstos son, brevemente, medios con los que tratamos de adaptarnos a los problemas que presentan potencialmente los aparatos peligrosos de nuestro entorno. Sin embargo, tras las generaciones que han vivido bajo una tutela médica que nos proporciona protección (aunque ilusoria) contra las drogas peligrosas, no hemos logrado cultivar la confianza en nosotros mismos y la autodisciplina que debemos poseer como adultos competentes rodeados por los frutos de nuestra era fármaco-tecnológica.

Thomas Szasz, Nuestro derecho a las drogas


[1]    Leyes de dudosa constitucionalidad, si nos atenemos al texto del artículo 10 de la Constitución: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.” Al respecto, veáse este artículo.

[2]    Obviamente, el asesinato es una forma extrema de lo mismo.

Categorías:DDHH, Filosofía política

¿Quinientos años de qué?

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“En la América la nuestra/ de azúcar, cobre y café,/ no hay motivos para fiesta/ ¿quinientos años de qué?”

Larbanois-Carrero, 1992

No es ninguna novedad que en los últimos tiempos (desde la última década del siglo XX, para poner una marca temporal más o menos arbitraria), se ha desarrollado en los pueblos de Iberoamérica una conciencia “popular” fuerte y bastante consensuada acerca del significado histórico del descubrimiento, la conquista, colonización y explotación de América por parte de los europeos. Tal desarrollo está en estrecha correlación con el impulso, lento pero imparable, que cobró el indigenismo en América Latina en estos mismos tiempos. Y así, se ha estructurado a nivel de dicha conciencia, un discurso fácilmente reconocible.

¿Qué dice ese discurso? Básicamente, gira en torno a las ideas de que lo emprendido por los conquistadores fue un genocidio (“el mayor genocidio de la historia”) y un colosal saqueo de metales preciosos y de fuerza de trabajo, y plantea, implícitamente, un enfrentamiento entre dos bandos, a saber, “los europeos” versus “los indígenas”, en el cual quedan claramente identificados los primeros como “los malos” y los segundos como “los pobres buenos inocentes”.

El problema es que esta visión peca de una importante simplificación y, en ella, se pierde la complejidad de lo sucedido en estas tierras en los albores del mundo moderno. Analicemos entonces, parte por parte, este discurso para poder formarnos una visión más aproximada a la verdad histórica.

Tomemos en primer lugar la pretensión de que lo perpetrado por los españoles en América fue un genocidio. A mi modo de ver esto sólo se puede sostener por medio de una identificación (bastante común y popular, pero básicamente errónea) entre “gran masacre” y “genocidio”. Sucede que esos conceptos no son sinónimos: si bien es cierto que todo genocidio implica matanzas, no cualquier matanza es genocidio. Un rápido repaso a las definiciones de genocidio, nos muestra que ésta práctica suele ser inseparable, entre otras cosas, de la limpieza étnica. Pero además hay otro aspecto insoslayable. Veamos la definición de la Real Academia Española: es el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”. Lo central de este concepto radica tanto en la parte de “exterminio”, como, especialmente, en la parte de “sistemática”: para que hablemos de genocidio no alcanza con que existan matanzas orientadas hacia el exterminio por motivos étnicos, religiosos, etc., sino que además deben ser sistemáticas, esto es, organizadas, calculadas, y ejecutadas con arreglo a un plan estratégico. La misma observación se puede realizar respecto a otras y diversas definiciones de genocidio.

Ahora bien, ¿fue esto lo que sucedió durante la conquista de América? Por supuesto, negar la magnitud de las muertes ocasionadas a raíz de la llegada de los europeos al continente sería absurdo. En efecto, la mortandad de los indígenas se elevó a porcentajes astronómicos: en algunos lugares, probablemente las poblaciones hayan sido diezmadas en más de un 90%. Pero, ¿cuál fue la principal causa de estas muertes? Hoy sabemos muy bien que  fueron las enfermedades traídas por los europeos en sus organismos, quienes contagiaron a los indígenas, completamente desprotegidos frente a ellas, por carecer de anticuerpos que las combatieran. El profesor Jared Diamond ha escrito un libro y filmado un documental, llamados Armas, gérmenes y acero (Guns, germs and steel) donde explica con lujo de detalles cómo y por qué sucedió esto. Aquí la primera parte del segundo capítulo del documental, que se ocupa precisamente de la conquista de América (en YouTube también está el resto de las partes):

Estas enfermedades infecciosas (la viruela fue la más común) se expandieron a una velocidad pasmosa por el continente, aniquilando poblaciones enteras incluso muchos años antes de que los europeos tuvieran noticias de ellas o encontraran a los supervivientes  (y, con toda probabilidad, facilitando o generando las condiciones necesarias para la conquista) (1).

Hoy estamos lamentablemente familiarizados con el concepto de guerra biológica, para la cual se utilizan armas especiales. A su manera, los conquistadores fueron pioneros del uso de los factores biológicos como arma, pero de una forma absolutamente involuntaria, es decir, no sistemática (como pioneros sistemáticos, el premio probablemente se lo lleven los mongoles). Y esto es necesario subrayarlo cuántas veces sea necesario: si bien los europeos mataron a muchos indígenas en enfrentamientos armados, o explotándolos con brutalidad, la inmensa mayoría de las muertes indígenas se produjeron sin intervención de su voluntad.

Por otro lado, queda en pie la cuestión de si los europeos pretendían realizar una limpieza étnica o un exterminio. A mi modo de ver, esto no fue así. Los europeos tenían móviles económicos, políticos y religiosos para conquistar América. Causaron la muerte de muchos a través de su explotación económica, pero, a diferencia de lo característico en las prácticas genocidas que utilizan el trabajo de poblaciones sometidas, su objetivo no era la muerte de los explotados, sino la obtención de riquezas. A la explotación los movía lo económico, y no lo político-ideológico. Pero, además, podemos ver cuán alejada de algo remotamente similar a una limpieza étnica estaba la intención de los españoles, cuando examinamos los fundamentos religiosos de la conquista. A los españoles les interesaba evangelizar a los indígenas, no exterminarlos. Les interesaba incorporarlos a su propio mundo católico, que fueran súbditos de los reyes y del Papa: integrarlos (subordinadamente, sí, pero integrarlos al fin) en una nueva sociedad como la que surgió en Hispanoamérica, donde los indígenas tuvieron un lugar definido y derechos (bastantes más, incluso, que los que tuvieron luego de las independencias de estas regiones). Esto constituye, por otro lado, una diferencia abismal respecto a la relación entre religión e indígenas que se puede apreciar en la colonización de Norteamérica. Sin dudas que la política española revistió un grado de violencia física y sobre todo simbólica enorme, pero no tiene nada que ver con una práctica genocida.

También podemos pensar este punto recurriendo a comparaciones históricas. Tomemos aquellos genocidios más universalmente reconocidos como tales, y veremos cómo ni los turcos pretendían integrar en su sociedad a los armenios, ni los nazis a los judíos, ni Stalin a los ucranianos, ni Pol Pot a sus (supuestos) opositores políticos; lo que querían era el exterminio de aquellos grupos humanos declarados como enemigos -y para cumplir sus objetivos realizaron planes minuciosos. ¿Reconocerles derechos? ¡Qué esperanza! Al contrario, se los despojaba de cualquier derecho, se los ponía por fuera de la condición de humanos.

Nada de todo esto (ni negación de todos los derechos, ni intenciones de exterminio, ni planificación para ello) encontramos en el caso de la conquista española de América.

Entonces, ¿a qué se debe el arraigo de la visión de la la Conquista como un genocidio? Dejando de lado su función de sostén de las narrativas políticas e identitarias de la izquierda indigenista latinoamericana  (con la cual simpatizo en sus reclamos presentes pero me rechina en sus interpretaciones de la historia), creo que en el centro de la cuestión hay problema discursivo. Lo que se pretende, básicamente, es aplicar una categoría con un gigantesco y muy concreto peso simbólico actual a un hecho X para dar cuenta del horror que provoca este hecho X. O, para decirlo de manera más sencilla, el horror y la indignación que provoca  la magnitud de las muertes y sufrimiento de los pueblos originarios a causa de la Conquista, puede llevar a calificar a tal hecho con una de las palabras más fuertes y cargadas de dramatismo de nuestro léxico político usadas para referirnos a algunas situaciones especiales de grandes matanzas: genocidio.

En cuanto a la cuestión del saqueo, no tengo mayores objeciones que realizarle. Sí, fue un saqueo gigantesco, y que conllevó una cantidad igualmente gigantesca de sufrimiento humano. Tampoco hay dudas ya de que dicho saqueo fue la principal causa necesaria del despegue económico y político de Europa; sin el capital acumulado por siglos de comercio colonial, la revolución industrial inglesa habría sido imposible. Pero esto lo explicó mucho mejor Karl Marx en su maravilloso capítulo 24 de El Capital, así que vayan y léanlo a él.

Analicemos ahora el por qué de lo erróneo de la visión “europeos” vs “indígenas”. Si tomamos el caso de la conquista española, veremos que ninguno de estos pretendidos dos bandos era homogéneo y, al menos uno, el de “los indígenas”, era tan heterogéneo que su formulación conceptual como un grupo enfrentado a los conquistadores es insostenible. Ya vimos que uno de los dos principales factores que explica la victoria de los españoles son las enfermedades. El otro factor fue su habilidad política para manejarse en la complicada interna de los grandes imperios azteca e inca. En ambos casos, los españoles aprovecharon situaciones de inestabilidad política dentro de los imperios indígenas a su favor. Hernán Cortés, astuto como pocos, percibió rápidamente la estructura de dominación azteca y sus problemas y se dio cuenta de cómo utilizarla a su favor. En efecto, los aztecas eran tan sólo uno de los muchos pueblos que habitaban las tierras del México central, que gracias a su habilidad guerrera habían logrado imponerse por sobre los demás pueblos de la región, a los que sometían a pesadísimas cargas tributarias (en hombres y en recursos económicos). Naturalmente, el descontento campeaba entre las poblaciones sometidas, y la aparición en escena de los europeos fue vista por ellos como una oportunidad para sacudirse el yugo azteca. Y así, por medio de una alianza entre los pueblos sometidos (principalmente los tlaxcaltecas), que suministraron el grueso de las tropas, y los españoles de Cortés, los aztecas fueron derrotados (y los tlaxcaltecas recompensados con privilegios y cargos de poder en la nueva administración colonial, durante muchos años).

Años después, Francisco Pizarro y Diego de Almagro harían gala de un mismo sentido de la astucia política, al utilizar en su favor la situación derivada de la guerra civil en la que se hallaba inmerso el imperio inca al momento del contacto con los españoles. Pizarro apoyó a uno de los pretendientes al trono (Huáscar), y sus partidarios, naturalmente, formaron las huestes de Pizarro, que derrotaron al otro pretendiente (Atahualpa). Y, poco después, Pizarro y Almagro, conquistadores victoriosos, desataron una guerra civil propia, por el botín de la conquista y por quién se quedaría a cargo de los antiguos territorios incas. Sólo una oportuna intervención del rey de España logró evitar la temprana secesión del Perú.

Se podrían poner más ejemplos, relativos a la conquista y colonización de Norteamérica, donde franceses e ingleses solían aliarse con tribus indias de la región para enfrentarse entre sí. Pero creo que mi punto ha sido suficientemente ilustrado, y nos conduce a la siguiente pregunta: ¿podemos seguir sosteniendo la idea de que el enfrentamiento de la conquista fue entre “europeos” por un lado e “indígenas” por otro? ¿No será más ajustado a la verdad histórica decir que los enfrentamientos se dieron entre “algunos europeos e indígenas” contra “otros europeos e indígenas”?

De la misma manera, ver las cosas en esta perspectiva complejiza mucho más, al punto de volverla un absurdo, la visión maniquea que interpreta esta historia como un enfrentamiento entre los malos europeos y los buenos indígenas. Visión maniquea fuertemente arraigada en la cultura popular latinoamericana, ejemplificada de manera paradigmática en la emocionante y bellísima canción “Maldición de Malinche” (la cual, de todos modos, habla más de la época en que fue compuesta que de la época de la conquista y, a pesar de sus distorsiones históricas, aún dice muchas verdades).

En suma: sí, la conquista de América fue una gigantesca tragedia, y no tengo muchos reparos en afirmar que fue la peor de la historia (en parte porque además fue la causa directa de la otra gran tragedia de la historia: la trata atlántica de esclavos africanos). Pero fue una tragedia que se debió, en un comienzo, mucho más al azar que a la voluntad de los actores involucrados -como tantas otras. Hoy conmemoramos quinientos veinte años del inicio de esa tragedia espantosa, pero no debemos olvidar que fue un episodio mucho más complejo de lo que se puede sintetizar en un slogan de lucha bienintencionado pero muy cuestionable en su verdad histórica.

No, en la América la nuestra de azúcar, cobre y café, no hay motivos para fiesta. Pero hay sí muchos motivos para reflexionar y sacar lo mejor de la peor de las tragedias.

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(1) Es muy interesante trazar una comparación entre el fallido intento de colonización vikinga de algunas tierras de Norteamérica, en el siglo XI, y la exitosa colonización europea que comenzó en el siglo XVI. Los vikingos, que en aquel entonces eran los guerreros más temidos y feroces de Europa, fueron derrotados sin muchas dificultades por los nativos “americanos”, y de modo tal que nunca más los nórdicos se atrevieron a volver. ¿Qué habría pasado si la viruela no hubiera exterminado a la casi totalidad de la población indígena de la costa este de Norteamérica, y así debilitado hasta el extremo su poderío, unas décadas antes de que llegaran los primeros colonos ingleses? Por más información, véase este artículo de Cracked (en inglés).

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Cómo preparar rana hervida: sobre el proyecto de prohibición del consumo de alcohol en la vía pública

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“Primero se llevaron a los fumadores, pero a nadie le importó. Ahora vienen por los que toman alcohol en la calle… nos debería importar”

…es lo primero que pienso al leer la noticia de que el gobierno pretende prohibir el consumo de alcohol en la vía pública. El viejo Bertolt Brecht sabrá perdonarme la paráfrasis, y estoy seguro que la comprendería, salvando las abismales distancias entre el contexto en que él formuló su denuncia y el actual que me lleva a mi atrevida adaptación: después de todo, el razonamiento que le sirve de sustrato es básicamente el mismo, al apuntar que ataques y recortes medidos, delimitados, relativamente “pequeños” y sobre todo progresivos a libertades y derechos de una sociedad o parte de ella, conducen al control y al fin de la libertad y los derechos de toda la sociedad, al tiempo que señala dramáticamente cómo eso sólo es posible por la indiferencia de una mayoría que no se autopercibe como afectada por esos ataques (algo que Noam Chomsky ha desarrollado con meridiano acierto).

Aparentemente, el gobierno busca atacar la adicción al alcohol y su consumo abusivo, de alta prevalencia en nuestra sociedad, y de consecuencias evidentemente negativas y dolorosas. Sin embargo, siempre es una sana costumbre desconfiar, y cuando se trata del Estado tal costumbre se eleva al rango de imperativo ético y categórico. Y así, leyendo entrelíneas, se ven dos puntas de la propuesta francamente preocupantes.

Por un lado, resulta evidente que de ver la luz, esta normativa pondrá en funcionamiento una nueva maquinaria recaudadora, desde que el castigo por beber alcohol en la vía pública será a través de multas (y suponiendo que un porcentaje irá para el funcionario que multe, tenemos asegurado el celo persecutorio), hasta por la eventual venta de licencias y autorizaciones especiales para la venta de alcohol. Es verdad que habría que financiar a las noveles “brigadas antivicio”, pero esto sólo nos revela un nuevo punto: ¿debería ser la persecución de las personas que toman alcohol en la calle un destino de las preocupaciones gubernamentales en materia de seguridad pública? ¿No hay cuestiones de seguridad pública más urgentes a las cuales prestarles atención e invertir en ellas recursos, tiempo y energía?

Luego de la crisis financiera de 2008 que arrastró a Europa a una crisis económica general en al que aún se encuentra (¿saldrá algún día?), un país de ese continente, en medio del silencio mediático masivo, hizo todo lo contrario a lo que la ortodoxia capitalista recomienda en estos casos: dejó quebrar a los bancos, juzgó y encarceló a los banqueros y, fuertes movilizaciones ciudadanas mediante, los políticos sufrieron el escarnio y desprecio general y comenzó la redacción de una nueva Constitución. Me refiero, claro está, a Islandia. Entre tantas notas anómalas, una se destacó: fue electo como alcalde de Reikjavik, la capital del país, un popular comediante quien aparentemente se había postulado como una broma. Enfrentado súbitamente a la tarea y la responsabilidad de gobernar, y debido a que estaba obligado a formar alianzas con otros partidos para lograr las mayorías necesarias, lanzó una inesperada (y brillante) condición de alianza: no pactaría con ningún partido cuyos miembros no hubieran visto las 5 temporadas completas de la genial serie de televisión The Wire. Como dice Hernán Casciari:

Es una exigencia tan extraña como sensata, porque para cualquier político del mundo, por lo menos para quienes pretenden gobernar en el mundo occidental, un visionado de The Wire debería ser obligatorio. Una serie que es mucho más que una serie: es un tratado sociológico acerca de la corrupción humana desde las ópticas del tráfico de drogas, las aduanas portuarias, la enseñanza, la Justicia y los medios de comunicación. La vida misma, en cinco entregas.

Lamentablemente, dudo que alguien del gobierno uruguayo haya tenido el buen tino y gusto de sentarse a mirar, disfrutar y reflexionar sobre The Wire. De haberlo hecho, quizás recordarían esta escena de antología:

Por otro lado, tenemos la vieja y falsa oposición entre la libertad y la seguridad. El Estado y sus agentes siempre tratarán de persuadirnos (y lo logran con muchísimas personas) de que seguridad y libertad son términos relacionados por una proporcionalidad inversa, es decir, que si queremos mayor seguridad debemos aceptar un recorte de nuestras libertades y, al contrario, mayores cuotas de libertad implican renuncias a nuestra seguridad. Pero es una oposición falsa, como recién decía, porque siempre debemos preguntarnos, en especial respecto a la seguridad, “¿la seguridad de quién?” A primera e ingenua vista, muchos podrían opinar que en la última dictadura había menos inseguridad (al precio de menos libertades), en buena medida porque no había tantos delitos (lo cual, de todos modos, es mentira)… pero este pensamiento sólo puede resultar de un recorte brutal y falaz de la realidad. ¿Qué delitos se cometían menos? ¿Quiénes se sentían más seguros? Pero insisto, esta oposición no sólo es falsa, también es viejísima, y contra ella ya nos previno Benjamin Franklin al lanzar su máxima: “quien sacrifica su libertad a cambio de seguridad, no merece ninguna de las dos”.

Entonces, el gobierno nos pide que renunciemos a una parcela de nuestra libertad (el beber alcohol en la vía pública) a cambio de mayor seguridad (sufrir menos accidentes de tránsito y laborales, menos riñas, menos violencia doméstica, en fin, menos enfermedad y sobre todo menos muerte), a cambio de protección. La novedosa variante que Franklin no previó es que hoy en día el Estado ya no nos ofrece protección sólo contra amenazas externas: ahora, también pretende protegernos de nosotros mismos, y así nos toma por eternos menores de edad, necesitados de la tutela constante, terrible pero amorosa, del padre nuestro Estado. No sólo busca protegernos de la agresión de otras personas bajo los efectos del alcohol, sino de las consecuencias de nuestras propias acciones estando nosotros mismos bajo esos efectos.

Esta pretensión se basa en dos postulados, uno médico-político y otro moral-religioso. El primero, es el que brevemente podemos enmarcar dentro del concepto foucaltiano de la biopolítica. Según Michel Foucault

el ser humano constituye una materia prima, como la tierra o los recursos naturales, que los agentes con poder se esfuerzan en potenciar para extraer todos los beneficios posibles: la imagen de un Estado-guardabosques que espera al momento adecuado para hacerse con la mejor madera es sustituida por la de un Estado-jardinero que todos los días vigila las plantas y abona, poda, injerta, elimina las malas hierbas, riega y cosecha cada fruto en el tiempo adecuado; momento éste que varía de una planta a otra: pensemos en la capacidad que tienen las vacunas para proteger a los individuos, el empeño en reducir las muertes por accidentes de tráfico a través de medidas como el carné por puntos, el esfuerzo por aumentar la movilidad de los afectados por una enfermedad grave a través de la inversión de enormes recursos en investigación, etc.[1]

El segundo postulado apunta a la concepción de las personas como niños, que deben ser protegidos por una entidad superior que sabe lo que es bueno (y lo que no) para ellos y, así, les prohíbe o regula determinadas acciones, o el consumo de determinadas sustancias. Se niega así la autonomía y la responsabilidad de las personas, y ello es la llave para quitarles sus libertades. Sólo sosteniendo la existencia de una intrínseca irresponsabilidad de los individuos se puede justificar la opción por la represión -opción que siempre va ligada al miedo. Encontramos aquí una profunda raíz moral cristiana, que de la misma manera niega la posibilidad del placer por el miedo de que en su búsqueda se caiga en “el pecado”. ¿Qué otra cosa, si no, sostenía Jesús cuando recomendaba la amputación de manos y ojos frente al peligro del pecado? Traduciendo esta moral a los tiempos actuales, obtenemos el mismo miedo atroz a la vida:

Si usted ama, tendrá sida.
Si fuma, tendrá cancer.
Si respira, tendrá contaminación.
Si bebe, tendrá accidentes.
Si come, tendrá colesterol.
Si habla, tendrá desempleo.
Si camina, tendrá violencia.
Si piensa, tendrá angustia.
Si duda, tendrá locura.
Si siente, tendrá soledad.[2]

Si usted vive, en fin, morirá. ¿Cómo resolver esta situación aterradora? Frente a la solución extremista de la religión cristiana pura y dura, que nos aconsejaría renunciar lisa y llanamente al sexo, al tabaco, al alcohol, la comida, la rebeldía, la crítica, los actuales sacerdotes laicos y liberales de la moral, las buenas costumbres y la eficiencia biopolítica nos ofrecen una solución atenuada:  “no haga ninguna de esas cosas, excepto en el tiempo y forma en que nosotros se lo indiquemos -por su propia seguridad”. A esto le debemos agregar el desarrollo cada vez más intenso de una “fetichización de la sustancia” que, por supuesto, no se limita al alcohol (de hecho, el fetiche por excelencia de estos neo-predicadores son “las drogas” ilegales):

Hubo que esperar a una era como la nuestra, en la que los objetos adquirieron el carácter de fetiches dotados de vida propia, de los que ha desaparecido cualquier rastro de las relaciones humanas que los han engendrado, para que las cosas se invirtieran radicalmente. Ese fetichismo atribuye a las cosas propiedades intrínsecas, a los que ningún individuo podría sustraerse. La única posibilidad de romper con esa fatal determinación sería prohibiendo el uso de la cosa intrínsecamente perversa. Porque, se dice, las drogas son adictivas, tendrían el atributo de ser ingobernables, la capacidad de hurtarle al usuario su autonomía, de esclavizarlo en suma.

Este brevísimo y genial chiste debería bastar para desarmar tal absurdo:

Desgraciadamente, en un mundo donde los objetos (y los animales) son tratados como personas y las personas como objetos, la mía es una esperanza demasiado optimista.

Sin embargo, la impugnación de estas pretensiones estatales es muy clara, y debería ser igual de firme: ¿qué derecho, qué legitimidad tiene el Estado (o quien sea) a meterse en nuestras vidas privadas, a decirnos (en este caso) qué consumir y que no? Si nos apegamos al propio orden jurídico, tenemos que remitirnos a la Constitución de la República, la cual, en su artículo 10º dice que “las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.” Esto me lleva a suponer, desde ya, que la constitucionalidad de la actual propuesta del gobierno es más bien dudosa. No es que tampoco yo espere demasiado respeto por la Constitución de parte del gobierno, sobre todo cuando este artículo ya es directamente pisoteado por el proyecto de ley de internación compulsiva por consumo de drogas, el cual, en rigor, es hasta ahora la punta de lanza del autoritarismo estatal sanitario-policíaco del actual gobierno.

El viejo blogger Benito lo dejó muy en claro hace ya varios años, en el mejor alegato escrito hasta ahora contra las políticas represivas en materia sanitaria de los últimos gobiernos:

La Policía de la Salud, que hoy en día gobierna Uruguay (y casi todo el mundo) decidió que como hay gente que se emborracha -una decisión que los borrachos hacen cuando están sobrios y conscientes- y actúa violentamente, hay que prohibir la venta de alcohol en espectáculos deportivos y culturales masivos. Una decisión muy próxima a la infausta Ley Seca y que atropella una buena cantidad de libertades individuales, pero que se hace en aras del bien público, porque es más fácil prohibir (prevenir) que hacer responsables luego a los enfermos mentales de sus actos de violencia consciente.

Yo creo que si uno tiene la curiosa idea de romperle una botella en la cabeza a otra persona estando borracho, esa no es una decisión que el alcohol tome por uno, sino que uno -que ya de partida es una bestia inmunda si considera algo posible el romperle la cabeza a un desconocido- la tomó en el momento en que decidió anular químicamente sus reflejos represivos en una situación social. En las décadas que llevo bebiendo jamás se me ocurrió hacer algo así, pero sí me di cuenta que era muy peligroso que yo manejara luego de beber, por lo que dejé de manejar. De eso debería tratarse en el mundo adulto, de decisiones responsables. Ah, pero hacer responsable a la gente cuesta relegar poderes, cuesta policía y cuesta cárcel y cuesta eficiencia, así que el Estado prefiere anular algunos puestos de trabajo (vendedores de cerveza, distribuidores, etcétera) e igualar hacia abajo, colocando a todos los bebedores a la altura de los borrachos más despreciables. Pero la ley, además, prohibe la venta de alcohol en cualquier puesto a 500 metros de un evento deportivo o cultural masivo. Es decir que cualquier bar que esté situado a cinco cuadras de un estadio (piensen en cada estadio que conocen y en su radio de 500 metros y van a localizar mentalmente una buena cantidad de bares, minimarkets y demás expendios de bebidas alcohólicas), tiene que sacrificar de un plumazo buena parte de su recaudación -en muchos casos su mejor día de recaudación- porque a un burócrata con ganas de dirigir la conducta de otras personas no se le ocurrió ninguna otra solución. Y porque es más barato y hay que pensar menos.

Retomando al viejo Brecht, recordemos cómo nuestras libertades son más fáciles de aplastar si se lo hace progresivamente, de menos a más. Creo firmemente que aún estamos a tiempo de saltar fuera de la olla que cada vez se está calentando más y más.

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1.  Biopolítica, artículo de Wikipedia.
2. “El miedo manda”, Eduardo Galeano.

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Primero como tragedia, luego como farsa: Fernández Huidobro y la Doctrina de la Defensa Nacional

Todo ser vivo – y la Nación es un ser vivo – debe, si quiere subsistir, defenderse contra todo aquello que pueda dañarlo, en sí mismo, como desde afuera. Es ilusorio contar con una situación providencial tal que garantice que el cuerpo social no podrá nunca enfermarse… Frente a la agresión subversiva, que constituye una enfermedad de la nación uruguaya, debe concluirse que el primer papel de la defensa es, y será siempre, el de proteger las bases fundamentales de la sociedad… La amenaza más grave contra el cuerpo de la Nación es el peligro de intrusión de ideologías extrañas a la mentalidad popular que propician la destrucción total de lo existente como precio de un mañana utópico nunca bien definido.

La Subversión. Las FF.AA. al Pueblo Oriental, Junta de Comandantes en Jefe. Montevideo, 1977, p. 13.

El martes 13 de marzo se reunió el novel Consejo de Defensa Nacional (CODENA, según la sigla oficial) que “constituye un órgano asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa” y “está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, los Ministros de Defensa Nacional, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas”, como establece la Ley Marco de Defensa Nacional, Nº 18.650, del año 2009. Y allí, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro se despachó con unas cuantas declaraciones sobre el alcance de y lo que debe ser la Defensa Nacional.

En la página de Teledoce se puede ver un video con fragmentos de dichas declaraciones, emitido por el noticiero Telemundo. He aquí una transcripción:

…que no nos entren algunas plagas… que no nos dañen algunas intoxicaciones… que pueden ser culturales también, no sólo bacteriológicas, que, bueno, el hecho de que nuestros medios de prensa y de difusión quedan tapados por medios extranjeros, es preocupante, ¿no? Por ahí se va perdiendo hasta el dominio del idioma. En zonas fronterizas lo que hay que enseñar es el castellano, no el portugués.

A esta altura de nuestra historia, cuando tanta agua ha corrido bajo el puente de la dictadura, y tan (en apariencia) extraños reacomodamientos han tenido los zapallos políticos en el carro de los Derechos Humanos… ¿tenemos derecho a sorprendernos (una vez más) sobre una nueva manifestación de sintonía entre militares y tupamaros?

Tal vez sí. Porque estas declaraciones de Fernández Huidobro son expresión de un vínculo ideológico más profundo entre dichos grupos, un vínculo que revela hasta qué punto podemos pensarlos como “hermanos de sangre”, como hijos históricos de un mismo vientre político e ideológico: el del culto a la Nación y, por ende, al Estado.

Porque, ¿qué otra cosa sino un rancio nacionalismo organicista (estoy tan tentado a escribir la palabra que empieza con “f”…) destilan tanto la Junta de Comandantes en Jefe de 1977 como el actual Ministro de Defensa, con sus respectivas declaraciones? Las de aquéllos eran terribles y alarmantes. Las de éste también pero, además, son fundamentalmente patéticas. Trasnochadas. Reaccionariamente anacrónicas. En fin, arrolladas por la historia que les pasó por encima.

El paralelismo entre los dichos del ministro y los de la Junta de Comandantes es tan evidente que no creo necesario ahondar en su crítica. Pero permítaseme señalar un par de puntos.

¿No es acaso una elección muy poco feliz, y de muy mal gusto, llamar “CODENA” al nuevo organismo de Defensa? ¿Soy el único al que le suena demasiado parecido al infame “COSENA”? Tal vez es un primer paso, un tanteo, hacia una reciclada “Doctrina de la Defensa Nacional”.

Por demás, los ejemplos que pone Fernández Huidobro para ilustrar su concepción de lo que debe ser la Defensa Nacional están a la altura de su patetismo y su carácter reaccionario. ¿Por qué habría que preferir a priori a la prensa nacional frente a la extranjera? Con unas pocas y honrosas excepciones, no me parece de tanta calidad para que merezca tal consideración previa. Por el contrario, y por poner sólo un ejemplo, el (buen) periodismo argentino ha sido y es incomparablemente mejor (más jugado, incisivo y profesional) que el periodismo uruguayo.

Pero la frutilla de la torta, lo que más me preocupa porque de todas las posibles iniciativas es la más fácilmente practicable, sin dudas, es el tema del portugués. Porque de llevarse a cabo alguna política basada en la Doctrina de la Defensa Nacional que pregona Fernández Huidobro a través de su imperativo “en zonas fronterizas lo que hay que enseñar es el castellano, no el portugués”, violaría tanto la ley como los derechos humanos de los uruguayos cuya lengua materna es el portugués del Uruguay –violencia que históricamente han sufrido dichos uruguayos y que sólo se ha comenzado a considerar y a actuar sobre ella en tiempos muy recientes. Alguien tendría que decirle al ministro que volviera a leer la Ley General de Educación, Nº 18.437 (artículo 40):

La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la consideración de las diferentes lenguas maternas existentes en el país (español del Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de señas uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras.

A menudo se dice que la mentalidad de las Fuerzas Armadas debe cambiar, debe ponerse en sintonía con ideales democráticos, etc. Hasta el propio presidente José Mujica se refirió a ello de alguna forma, cuando habló acerca de la “mochila del pasado” (1). Pero, ¿cómo puede haber un cambio en la mentalidad de las Fuerzas Armadas, si vemos que, en lo esencial, las cabezas al mando siguen siendo las mismas?

Por supuesto, estamos siendo muy cándidos si planteamos el problema en estos términos. Yo empezaría preguntándome, ¿puede haber un cambio en la mentalidad de las Fuerzas Armadas? Si suponés que es una pregunta retórica, adivinaste.

Muchas veces me he preguntado, a lo largo de los últimos años, si no habría que inventar un nuevo subtipo del Síndrome de Estocolmo, llevado a una entera nueva dimensión política e histórica, para describir la actitud y la conducta de los tupamaros (o, al menos, de sus dirigentes más notorios). Es una posibilidad. Si quieren explorar otra, más bien pragmática, esta me parece harto interesante. Pero con las muestras de identidad ideológica de las que cada vez hacen más gala, cabe pensar que ya estaban cortados con el mismo molde desde un principio.

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(1) “Estas Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo”.

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Son los humanos, estúpido

Muchos animalistas centran sus preocupaciones exclusivamente en el bienestar de los animales, denunciando la explotación o los abusos que sufren a manos de los humanos, sin reparar en la explotación y los abusos que sufren (que sufrimos) éstos, de manera constante, estructural, sistemática y sistémica. O, si lo hacen, si reparan en ello y lo cuelan en sus argumentos, es de modo secundario y superficial, o como aclaración, para quedar bien, porque es lo políticamente correcto. Sólo los extremistas llegan a decir (y lo dicen sin tapujos, como todos los extremistas) que les importa más el bienestar animal que el humano. Pero bueno, hay gente que no tiene conciencia de especie.

Pero en lo que no reparan es en algo muy simple, tan simple que rompe los ojos, y que quizás por eso resulta tan invisible: mientras haya explotación de los humanos por los humanos, mientras el hombre sea el lobo del hombre, es imposible que se solucione la explotación de los humanos hacia el resto de la naturaleza, animales incluidos.

Luchar por el bienestar de los animales o de la naturaleza como fin en sí mismo, es decir, como algo por fuera, no enmarcado en una lucha por un sistema social, económico, político y cultural donde no haya explotación entre los humanos, no sólo no soluciona nada, sino que es una distracción, un desperdicio de fuerzas, es calmar con aspirinas o paños fríos la fiebre que es apenas el síntoma de una enfermedad mucho más grave.

Entonces, digámoslo claro: si los que defienden los derechos de los animales no se preocupan antes por defender los derechos de las personas, por eliminar su explotación a manos de otras personas, nunca van a solucionar los problemas de los animales.

¿Muy abstracto todo? Tal vez con un ejemplo sencillo se entienda mejor.

Todos sabemos cómo uno de los punching-balls  favoritos de los animalistas autóctonos son los carritos tirados por caballos que recorren Montevideo recolectando en la basura. Si me preguntan, es una lucha bastante cobarde, con un claro sesgo clasista por demás: jóvenes bienpensantes de clase media-alta emprendiéndola (con el argumento del bienestar animal) contra pobres que desempeñan uno de los trabajos más insalubres, riesgosos y vulnerables que existen en nuestra sociedad. Si los primeros lo hacen a conciencia, o si no se percatan de su clasismo y actúan movidos por las mejores intenciones, es secundario; los efectos son los mismos.

Pero bueno, ya me fui por las ramas otra vez. Los carritos: ¿qué mejor manera de terminar con el sufrimiento de los caballos de los carritos que (en vez de reprimir a los hurgadores, prohibiendo el uso de los caballos y comprometiendo seriamente así su medio de subsistencia) eliminar las causas sistémicas que hacen que esas personas recurran a ese medio de vida para subsistir?

Claro, es la manera más difícil también. Por supuesto, siempre va a ser mucho más fácil pedir represión, tortura y linchamientos.

“¡Dios mío! ¡Un gatito y un bebé abandonados en la calle! La gente hoy en día es tan cruel…”

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La democracia caníbal: aprendiendo filosofía con el senador Saravia

(publicado originalmente el 27 de octubre de 2010)

El senador Saravia ha dicho que se opone a la ley interpretativa que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad, por su “posición filosófica”. Ya que el senador Saravia ha planteado la discusión en términos filosóficos, hablemos en tales términos, y veamos donde nos conducen.

Saravia se ha parado en una posición filosófica muy clara: una que podríamos llamar “rousseaunianismo radical”. Es decir, que “la voluntad del pueblo”, o la “voluntad general” emite “decisiones soberanas” por encima de las cuales no existe ninguna autoridad; ella sería la autoridad última, o legítima en última instancia.

El senador adopta así una de las muchas acepciones que tiene el concepto “democracia”, concepto que a lo largo de la historia ha sufrido innumerables vicisitudes: en época de Rousseau y de la Revolución Francesa, era una mala palabra; hoy en día, parece ser una palabra sagrada.

El concepto particular de democracia (porque si algo lo caracteriza hoy, es su enorme polisemia) que defiende Saravia es, a mi juicio, una de las tantas formas que puede adquirir una “democracia radical”. Y con su defensa, ha (re)planteado, ha reeditado, una vieja polémica que se arrastra en el mundo de la teoría política (es decir, de la filosofía) occidental desde por lo menos el siglo XVIII: la oposición irresoluble entre liberalismo y democracia o, por decirlo así, entre Locke y Rousseau.

¿Cuál es esta polémica? Básicamente, gira en torno a la cuestión siguiente: suponiendo que existe algo llamado “pueblo”, capaz de manifestar una “voluntad general” y de emitir “decisiones soberanas” sobre sí mismo, ¿hay algún límite para el alcance de tales decisiones?

El liberalismo político dirá que sí, que los derechos y las garantías individuales y, luego, los derechos humanos, están por encima, están fuera del alcance de las decisiones que pueda tomar “el pueblo”. No es más, como decía, que la clásica formulación de Locke: “el pueblo” delega su poder en un soberano (en rigor, un representante de la soberanía popular), a condición de que éste respete ciertos derechos inherentes a las personas que lo componen (derechos cuya lista no ha cesado de ampliarse y revisarse desde aquel entonces). Cuando esa condición es rota por el representante, se “activa” el derecho a la rebelión de los representados. Para ver una clara y clásica puesta en práctica de esta ideología, baste leer la Declaración de Independencia de los trece Estados Unidos de América.

Ahora bien, volvamos a la postura filosofíca del senador Saravia. Es una postura, huelga decirlo, claramente anti-liberal. Es una postura que, llevada a sus consecuencias lógicas, avala la elección (sin duda legal) del partido nazi durante la República de Weimar, y de la misma manera avala las violaciones a los derechos humanos que se encuentran protegidas por la Ley de Caducidad.Es decir, es una postura que considera legítimo que una sociedad (de nuevo, formulada a través del concepto de “pueblo”, harto discutible y todo un problema filosófico en sí), delimitada, creada, en este caso, por un Estado (1), decida privar del derecho (positivo o natural) más básico de todos a una parte de sí misma: el derecho a la vida. y junto con él, privar a esa parte de otros derechos, apenas menos básicos y subsidiarios de aquél.

Para decirlo más crudamente: ¿qué diferencia filosófica hay entre la posible legitimidad de la elección democrática del partido nazi, un partido político que explícitamente proponía liquidar a una parte del “pueblo” sobre el que pretendía gobernar, y la posible legitmidad, también refrendada por una “decisión popular y soberana”, de la Ley de Caducidad, una ley que ampara la privación de esos mismos derechos a una parte de la sociedad sobre la cual se ha legislado?

Ese es el drama del fenómeno fascista: la novedad de su forma de opresión, inconcebible antes del siglo XX. Alexis de Tocqueville lo exponía así en su obra La democracia en América, publicada entre 1835 y 1840, revelando esta misma incapacidad de pensar más allá de las categorías disponibles en la época en que él pensaba, amén de varias agudas observaciones más:

“(…) el tipo de opresión que amenaza a las naciones democráticas es diferente de cualquier cosa que jamás haya existido en el mundo: nuestros contemporáneos no encontrarán ningún prototipo de él en su memoria. Yo mismo estoy tratando de elegir una denominación que exprese adecuadamente la idea completa que me he hecho de él, pero es en vano: las viejas palabras “despotismo” y “tiranía” son inapropiadas, la cosa en sí misma es nueva, y desde el momento en que no puedo nombrarla, debo intentar definirla.” (2) 

El drama fascista: una forma de democracia, “radical” por su extremismo, que no conoce límites para el alcance de las “decisiones del ‘pueblo’ “. Una democracia caníbal.

Que quede claro que en mi argumentación he sido absolutamente sincero: no pretendo descalificar la posición filosófica del senador Saravia apelando al falaz recurso del reductio ad Hitlerum, sino plantear, a mi modo de ver, la discusión filosófica y política en sus términos más desnudos.

Por supuesto, en un marco político auténticamente liberal, el partido nazi habría sido ilegalizado y reprimido, de la misma forma en que, en el mismo marco, la Ley de Caducidad tampoco podría haber sobrevivido.

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(1) Como dice Ignacio Lewkowicz, lo que hace que un pueblo sea un pueblo es el hecho de estar sometido a las mismas leyes.

(2) El texto continúa así: “Intento trazar los nuevos rasgos con los cuales el despotismo puede aparecer en el mundo. La primera cosa que llama la atención del observador es una innumerable multitud de hombres, todos iguales y similares, esforzándose incesantemente por procurarse los insignificantes y mezquinos placeres con los cuales sacian sus vidas. Cada uno de ellos, al vivir separado, es como un extraño respecto del destino de los demás, pues sus hijos y sus amigos personales constituyen para él la totalidad de la humanidad. En cuanto al resto de sus conciudadanos, está junto a ellos pero no los ve; los toca, pero no los siente, y si bien sigue manteniendo vínculos con sus parientes, se puede decir que en todo sentido ha perdido a su país.

Sobre esta raza de hombres se yergue un poder inmenso y tutelar, el cual asume por sí mismo la tarea de garantizar sus gratificaciones y cuidar de su suerte. Ese poder es absoluto, minucioso, regular, providente y blando. Sería como la autoridad de un padre si, al igual que dicha autoridad, su propósito fuera preparar a los hombres para la madurez; pero, por el contrario, se propone mantenerlos en una infancia perpetua: está muy satisfecho de que el pueblo se regocije, siempre que no piense más que en regocijarse. Para su felicidad es que dicho gobierno trabaja de buen grado, pero elige ser el único agente y el único árbitro de esa felicidad: se ocupa de su seguridad, prevé y cubre sus necesidades, facilita sus placeres, se hace cargo de sus preocupaciones principales, dirige su industria, regula la transmisión de la propiedad y subdivide sus herencias. ¿Qué resta, si no que los libere de toda la preocupación de pensar y de todo el problema de vivir?

Así, hace que cada día el ejercicio del libre albedrío humano sea menos útil y menos frecuente; circunscribe la voluntad a un círculo más estrecho y gradualmente despoja al hombre de todas sus prerrogativas. El principio de la igualdad ha preparado a los hombres para estas cosas: los ha predispuesto para soportarlas y, a menudo, para considerarlas un beneficio.

Tras haber apresado con éxito a cada miembro de la comunicad en sus poderosas garras y haberlo moldeado a su voluntad, el poder supremo existe su brazo sobre toda la comunidad. Cubre la superficie de la sociedad con una red de pequeñas y complicadas reglas, minuciosas y uniformes, a través de la cual no pueden penetrar las mentes más originales y los caracteres más enérgicos, para alzarse sobre la multitud. No se rompe la voluntad del hombre, sino que se ablanda, se la tuerce y se la guía: muy pocas veces se fuerza a los hombres a actuar, pero constantemente se les impide hacerlo; un poder tal no destruye, sino que impide la existencia; no tiraniza, sino que oprime, enerva, extingue y estupidiza al pueblo, hasta que cada nación queda reducida a no ser más que una manada de animales tímidos e industriosos, de la que el gobierno es el pastor.”

Véase: ¿Es la igualdad enemiga de la libertad?, por Robert Dahl.