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Archive for 10 diciembre 2013

Razones para apoyar (y criticar) la Ley de regulación de la marihuana

El Parlamento uruguayo se apresta a aprobar la Ley de regulación de la marihuana, lo que implicaría la legalización de la producción y el comercio de dicha planta (para usos psicoactivos y no psicoactivos) bajo determinadas condiciones. ¿Por qué apoyarla? ¿Qué lectura podemos hacer de esto desde una perspectiva de derechos humanos?

RememberProhibition

“¿Recuerdan la prohibición? Sigue sin funcionar.”

Que el prohibicionismo y la Guerra contra las Drogas, enarbolados desde comienzos del siglo XX por Estados Unidos y desde allí extendidos hacia el resto del mundo, han sido un rotundo fracaso (al menos en función de sus objetivos declarados) es algo reconocido hoy por la mayoría de los especialistas en el tema. Y, sin embargo, pese a este consenso académico, el paradigma represivo continúa siendo el hegemónico, a nivel general, en materia de políticas públicas, y sobre todo en materia de legislación; como si fuera una rara especie de zombie político, continúa vivo a pesar de estar muerto, causando todo tipo de estragos y de sufrimiento en la sociedad: desde los usuarios de drogas que caen presos por tener que romper las leyes[1] para poder ejercer sus derechos al consumo, hasta los usuarios que se ven arrojados al mercado negro con sus precios y calidades adulteradas, unos hacia arriba, otras hacia abajo, pasando por todos aquellos que de una u otra forma se ven perjudicados por las actividades mafiosas producto del narcotráfico. Sin embargo, es mi intención señalar los perjuicios y realizar la crítica del paradigma represivo desde otra perspectiva: la de los derechos humanos.

Si consideramos que el marco filosófico en el que se sustenta nuestro orden jurídico y político es el liberal, debemos reconocer como uno de los derechos fundamentales de las personas el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a procurarse los medios necesarios para su subsistencia, con la única salvedad de no perjudicar, en dicha búsqueda, el mismo derecho ajeno. He allí el fundamento liberal de la propiedad. Ahora bien, nada de esto tiene sentido si no consideramos un derecho más básico aún (y demasiado evidente como para que ni siquiera necesite ser explicitado): el de la autopropiedad. Cada persona es propietaria exclusiva de su cuerpo, y a ella y sólo a ella le compete decidir sobre éste. O, dicho de una forma más sencilla y directa por Antonio Escohotado:

De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano, y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país.

El Estado, aquí, sólo debería encargarse de que nada ni nadie impida el goce de este derecho a la autopropiedad.

Resulta evidente que el paradigma represivo es un atentado directo a este derecho. A él se le vino a sumar un paradigma medicalizador, donde el usuario de drogas no sería ya un delincuente sino un enfermo necesitado de tratamiento médico, pero en materia de legislación se superponen ambos y el resultado, desde el punto de vista de los derechos individuales, es el mismo: el Estado se arroga la potestad de imponernos qué consumir y qué no, qué hacer y que no con nuestros cuerpos, violando nuestro derecho a la autopropiedad.

En este sentido, la víctima del prohibicionismo (y la medicalización) en materia de drogas es la sociedad toda, pues todos nos vemos despojados del derecho humano más elemental.[2]

¿Podemos ubicar la ley de regulación de la marihuana dentro de la perspectiva liberal tal como fue explicada? Difícilmente. Yo la consideraría más bien una flexibilización o liberalización del paradigma medicalizador. Creo que es un paso que hay que aplaudir y respaldar, puesto que reconoce los errores del prohibicionismo y abre la puerta a nuevos cambios de mentalidad y relaciones con las drogas. El hecho de que se contemple la educación en la prevención de sus usos problemáticos es también algo a destacar, siendo uno de los elementos claves en el desarrollo de vínculos saludables, entre las personas y con las sustancias.

Quizás el aspecto más criticable de la ley sean los registros que se establecerán por parte del Estado de usuarios y cultivadores. Hay quienes ven en esto una profundización de las funciones policiales del Estado, y razón no les falta. Esta tutela estatal resulta molesta, innecesaria e ilegítima desde la perspectiva de derechos humanos; pero parece ser el precio, de momento, que hay que pagar para la apertura parcial de este sistema.

Todas estas ambivalencias revelan justamente las contradicciones, los choques de paradigmas que se manifiestan dentro y fuera del texto legal, el cual no es sino otro campo de batalla en el cual combatir en pos de recuperar nuestras libertades perdidas. Pues no se trata de otra cosa: una ley que dista muchísimo de la perfección, pero que ofrece al menos una posibilidad de profundizaciones futuras, tanto a nivel legal como, sobre todo, cultural. Creo que de aquí en más hay que apostar precisamente a dicho cambio cultural, rechazando el lenguaje de los adversarios y adoptando el nuestro propio; rechazando los discursos policiales y médicos, y enarbolando uno centrado en las libertades individuales, que tenga como horizonte la liberalización total de todas las drogas, en un marco de libre producción y mercado.

¿Por qué deseamos drogas? Básicamente por las mismas razones por las que deseamos otros bienes. Deseamos drogas para mitigar nuestros dolores, curar nuestras enfermedades, acrecentar nuestra resistencia, cambiar nuestro ánimo, colocarnos en situación de dormir, o simplemente sentirnos mejor, de la misma manera que deseamos bicicletas y automóviles, camiones y tractores, escaleras y motosierras, esquíes y columpios, para hacer nuestras vidas más productivas y más agradables. Cada año, decenas o miles de personas resultan heridas y muertas a consecuencia de accidentes asociados con el uso de tales artefactos. ¿Por qué no hablamos de «abuso del esquí» o de un «problema con las motosierras»? Porque esperamos que quienes usan dichos equipos se familiarizarán por sí mismos con su uso y evitarán herirse, a sí mismos o a otros. Si se lastiman a sí mismos asumimos que lo hacen accidentalmente, y tratamos de curar sus heridas. Si lastiman a otros por negligencia los castigamos mediante sanciones tanto civiles como penales. En vez de resolver, éstos son, brevemente, medios con los que tratamos de adaptarnos a los problemas que presentan potencialmente los aparatos peligrosos de nuestro entorno. Sin embargo, tras las generaciones que han vivido bajo una tutela médica que nos proporciona protección (aunque ilusoria) contra las drogas peligrosas, no hemos logrado cultivar la confianza en nosotros mismos y la autodisciplina que debemos poseer como adultos competentes rodeados por los frutos de nuestra era fármaco-tecnológica.

Thomas Szasz, Nuestro derecho a las drogas


[1]    Leyes de dudosa constitucionalidad, si nos atenemos al texto del artículo 10 de la Constitución: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.” Al respecto, veáse este artículo.

[2]    Obviamente, el asesinato es una forma extrema de lo mismo.

Categorías:DDHH, Filosofía política